Al no existir una ley concreta que prohíba y penalice la existencia de las mal llamadas “clínicas de deshomosexualización”, cuando estas son clausuradas, pueden reabrir en otra ubicación, en lapsos cortos de tiempo y sin recibir ninguna sanción. Esto ocurre usualmente en zonas rurales en las que los controles a estos establecimientos son aún más limitados e incluso inexistentes.
Esa noche, Sury Samantha corrió mucho en medio de la oscuridad.
Aunque sentía miedo, también tenía la esperanza de llegar lo más pronto posible a su casa y abrazar a su mamá. Eso la mantuvo en movimiento.
Desde que ingresó al centro “Salvo por la gracia de Dios”, la joven lloraba pensando en cómo escapar de ese lugar de tortura en el que se encontraba recluida. Sabía que tenía que huir. Ya no aguantaba más tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta humillación.
Finalmente, aprovechó un descuido de sus captores para salir de allí.
Tras cinco meses de encierro, Sury consiguió escapar de uno de los establecimientos que, clandestinamente, funcionan en Ecuador y ofrecen supuestas terapias de conversión para modificar la orientación sexual o identidad de género. “Nos amenazaban diciendo que a quien intentara escaparse, ellos lo iban a perseguir y matar”, cuenta con miedo.
Las denominadas terapias de conversión, que tienen como finalidad “revertir” la orientación sexual o identidad de género de una persona, carecen de fundamentos científicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que son prácticas peligrosas, ineficaces y, además, que constituyen una violación de los derechos humanos fundamentales, y por ello deben ser erradicadas.
Pero, ¿Cuál es el origen de estos lugares? El uso de la palabra Dios en el nombre del centro en el que estuvo secuestrada Sury puede dar una pista. Históricamente han sido ciertos cultos religiosos los implicados en la proliferación de las mal llamadas “clínicas de deshomosexualización” y sus “terapias”.
La influencia de las iglesias evangélicas que promueven la “conversión” sexual y de género data de 1976 con la fundación de Exodus International —autodenominado movimiento exgay— quienes tuvieron alcance global y predicaban la idea de “la liberación de la homosexualidad a través del poder de Jesucristo”.
Exodus utilizaba el testimonio de personas que afirmaban ser “gays que se habían curado, dejando la homosexualidad atrás”, lo que presentaban como “prueba” de la eficacia de las terapias de conversión que impulsaban en todo el mundo, incluyendo Ecuador.
Según la investigación “Sin sanidad, no hay santidad” realizada en FLACSO por la académica Katheryn Wilkinson, Exodus se vinculó a Ecuador a través del ministerio cristiano Camino de Salida fundado en 1996. Este último predicaba ser “un espacio cristiano dedicado a comunicar un mensaje de cambio a las personas que desean salir del estilo de vida homosexual a través del amor y plenitud de Cristo”. Ese fue el comienzo.
Hoy, el caso de Sury Samantha Barzola, una joven trans de 27 años que reside en la comuna Libertador Bolívar, en Santa Elena, expone la realidad que durante décadas ha afectado a las personas LGBTIQ+ en Ecuador, quienes contra su voluntad son encerradas en establecimientos de supuesta terapia, conversión o “deshomosexualización”, que son en realidad actos de secuestro, tortura y vejaciones.
Ella aceptó internarse en enero de 2023, junto a su expareja, en un centro evangélico de recuperación de adicciones, para rehabilitarse de su consumo de cocaína. Su pastor, Cesar P. -a quien llamaba cariñosamente “padrino”- le había prometido respetar su identidad de género, no maltratarla y brindarle ayuda para que se recupere de sus problemas.
Debido a la confianza que tenía en él, Sury le creyó.
“Los primeros días todo estaba tranquilo, yo entré con mi ropa de mujer y mi cabello largo. No imaginaba todo lo que iba a suceder después”, cuenta hoy Sury. El centro al que ingresó se encontraba ubicado en la comuna de Manglaralto, a 6 km de su domicilio y se autodenominaba como de “rehabilitación espiritual”.
Sury Samantha asegura que nunca habría ingresado a «Salvo por la gracia de Dios» de saber que sus «terapias» tendrían la intención de «revertir» su identidad de género. | Foto: Diego Rivas.
Este establecimiento, que como la mayoría funcionaba sin permiso alguno, realizaba terapias de conversión o “deshomosexualización”, que repercutían en actos de tortura contra la población LGBTIQ+.
“A este maricón lo vamos a arreglar por las buenas o por las malas, pero de aquí sale curado o no sale”, narra haber escuchado a los pocos días de ingresar, mientras sus ojos empiezan a empañarse y agacha la mirada como tratando de ocultar la rabia que le producen estos recuerdos.
“Memoricé muy bien aquellas palabras porque fue lo primero que me dijeron antes de que todo se ponga muy feo para mí allá adentro”, enfatiza, parando por unos instantes de hablar para secarse una lágrima.
“Eran tres jóvenes, ninguno de más de veinte años. Uno de ellos tenía incluso menos”, detalla. Raparon su cabello largo, le rompieron a jalones la ropa dejándola desnuda, la sacaron al patio en donde quemaron todas sus pertenencias femeninas, le pusieron de rodillas y la obligaron a gritar “¡Soy hombre, soy hombre!”, cuenta sobre el inicio de las torturas en su contra.
“Decir eso me hacía sentir muy mal, porque iba en contra de lo que yo siempre he sido: una mujer, pero estaba muy asustada y no podía hacer nada”, detalla.
El 30 de mayo de 2023, Sury interpuso una denuncia formal en la Fiscalía de Santa Elena por secuestro, debido a los hechos ocurridos en su contra; sin embargo, ha encontrado obstrucción en el proceso por parte de las autoridades, además de inacción del Estado.
“El Fiscal me dijo que no puede hacer nada porque no hay abogados que lleven mi caso”, denuncia molesta. Al solicitar una entrevista en la Fiscalía de Santa Elena para abordar el caso de Sury, se comunicó al equipo de esta investigación que no podían atendernos.
Para ella, hasta ahora el camino ha sido muy largo y, al parecer, lo seguirá siendo.
AUSENCIA DE LEYES IMPOSIBILITA LA CLAUSURA DE ESTOS CENTROS
Que para Sury todo esté ocurriendo de esta manera tiene una explicación. En el país no existe una legislación que prohíba y sancione explícitamente a los centros que realizan terapias de conversión. Esto imposibilita que se inicien procesos judiciales y se ejecuten sentencias en contra de los responsables, junto con la respectiva reparación hacia las víctimas.
“Ecuador debe adoptar una normativa que le permita ejercer un control efectivo sobre estos lugares”, expone Pedro Felipe Rivadeneira, abogado especialista en derechos humanos.
Esta carencia se refleja en las normas bajo las que se rige la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS): la Ley Orgánica de Salud (2006) y el Acuerdo Ministerial No. 30-2020 (de julio 2020) que contiene el Reglamento de Tipología de los Establecimientos de Salud.
En este último no se contempla el modelo de “instalaciones o centros de adicciones, donde se encuentran personas LGBTIQ+ como establecimiento o centro de salud”. ¿La razón? Desde 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y, por lo tanto, no existe método ni clínica que pueda “reformar” a nadie.
Según la ACESS y su área de procesos sancionatorios, “existen tres establecimientos que se han identificado como clínicas de deshomosexualización” en Ecuador. De acuerdo con la institución, dos de ellas se encuentran en Manabí y una en Imbabura.
La clandestinidad que caracteriza a estos espacios la retrata Luis Garcés, quien los califica como “centros de tortura”. Él es director de Prevención de Violencia hacia la población LGBTIQ+ de la Subsecretaría de Diversidades, entidad pública adscrita al Ministerio de la Mujer.
La institución asegura haber registrado, desde julio de 2022, 38 casos de posibles centros de conversión que vulneraron los derechos de la población LGBTIQ+. Lo que no se precisa es el número de personas recluidas, ni las condiciones en que estas se encontraban, según dicen, por “sigilo”.
Todo esto evidencia que existe un subregistro de lugares que brindan terapias de “deshomosexualización” por parte de la ACESS.
Este organismo, encargado de otorgar permisos de funcionamiento a Centros Especializados en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD), y de imponer sanciones si existen irregularidades, indica que no constituye una infracción de clausura temporal o definitiva el funcionamiento clandestino, y tampoco la figura de “clínicas de deshomosexualización”.
“En consecuencia, la ACESS se ve impedida en ejercer correctamente sus labores de vigilancia y/o control y de interponer sanciones”, señala la institución.
Es decir, un centro de conversión no puede ser clausurado, ni su personal judicializado, por realizar terapias de conversión ya que estos se ocultan detrás de establecimientos que dicen ofrecer terapias de rehabilitación de consumo problemático de sustancias psicotrópicas. Esto les permite esquivar a la justicia, pues sus actividades no se reflejan como delito en ninguna normativa.
Para Taller de Comunicación Mujer, organización que combate estos centros, existe un patrón de impunidad que impide que los responsables sean sancionados, “y, más bien, se facilita el encubrimiento y la reproducción de este tipo de prácticas”. Por tanto, no hay ninguna garantía del debido proceso sancionatorio en contra de estas infracciones, porque no están tipificadas en ninguna normativa legal específica.
Catalina Cisneros, del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humano (INREDH), detalla que, pese a que en acuerdos ministeriales se mencionan estos delitos, dicha figura es muy débil. “Los acuerdos ministeriales no ofrecen ninguna garantía, son muy fáciles de derogar, o no acatar, una ley, por el contrario, no lo es”, afirma.
De igual forma, según Jorge Medrano, de la organización LGBTIQ+ Diálogo Diverso, el que no exista un ley concreta que persiga, identifique y sancione a los centros de tortura, son los factores centrales que han impedido que estos sean erradicados y que la impunidad sea una constante en sus acciones.
Alexis Reyes, abogado de la ACESS, menciona que urge una reforma a la Ley de Salud (2006) para que la actuación de la institución no se quede únicamente en el plano administrativo. “Nosotros solo actuamos en el ámbito sancionatorio. Las clausuras temporales, cuando ocurren, se dan porque tienen personal no calificado o mal manejo de desechos en las clínicas”, afirma.
Es decir, nunca por ser centros de conversión o tortura, ya que esto no es posible en la actual legislación ecuatoriana.
ACESS hace un llamado directo a la Asamblea Nacional a legislar en favor de las diversidades sexo genéricas, y expone la necesidad de leyes concretas que combatan la problemática de los centros de conversión, ya que sin ellas le es imposible aplicar las sanciones correspondientes.
Sin embargo, hasta el momento se ha hecho caso omiso a estas recomendaciones. “Llevamos décadas esperando algún tipo de legislación”, denuncia Luis Ángel Saavedra, director de INREDH. Cisneros subraya que pese al pronunciamiento que hace la ACESS “ellos tienen capacidad de acción, si no se ha hecho nada más por parte de ninguna entidad pública es porque no existe voluntad política real más allá de las palabras”.
La denuncia que interpuso Sury Barzola fue por el delito de «secuestro», ya que no le es posible denunciar al centro ni a su personal. | Foto: Diego Rivas.
No obstante, pese a que en Ecuador no haya una legislación específica en contra de los centros de conversión, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 151, numeral 3, especifica que toda persona que cometa actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Para Paola Paredes, periodista investigadora en centros de conversión, esta tipificación nunca se ha aplicado realmente, pues al no existir una normativa en contra de los centros, “es muy difícil de ejecutar por más esfuerzos que se hayan hecho desde la sociedad civil”.
Paola ha realizado un profundo trabajo de recolección de pruebas y relatos de personas que dirigen o trabajan en este tipo de establecimientos. Ha recurrido incluso a la infiltración con cámara oculta. “Todas las evidencias que logramos recolectar durante años de trabajo se entregaron a las autoridades en 2018”, expone.
Hoy, cinco años después, no ha habido ningún avance ni resolución al respecto. “Trabajar en esta temática es muy desgastante, porque parece que nunca se logra nada a pesar de que allí dentro ocurren actos de tortura muy crueles”, asegura.
Según el director nacional del Mecanismo para la prevención de la violencia contra la mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo, Carlos Avilés, tras revisar procesos con personas que han atravesado estos encierros, hay una situación de secuestro y también de tortura.
“La gente permanece hacinada, no hay evidencia médica para su tratamiento, a algunos se les castiga, no se les da de comer o tienen un tratamiento que no está comprobado de forma científica”, enumera.
De acuerdo a Fiscalía General del Estado, la cantidad total de delitos consumados que existen en su registro en relación con el artículo 151, numeral 3 del COIP desde su implementación en 2014 es de apenas dos casos contabilizados, lo que -comparado a las cifras de Dirección de Prevención de Violencia hacia la población LGBTIQ+ de la Subsecretaría de Diversidades- también refleja un subregistro por parte de la institución sobre este delito.
“Este dato es la muestra fehaciente de que, pese a que se presenten denuncias, nunca se llega a ninguna resolución favorable”, dice Diane Rodríguez, directora del centro Psico Trans, y añade que por eso es necesaria una sentencia que sirva de precedente.
Por su parte, Efraín Soria, director de la Fundación Ecuatoriana Equidad, señala que esta institución, hasta 2023, ha detectado más de 40 casos de centros de tortura o “deshomosexualización” sin que haya existido ningún proceso judicial o sanción al respecto.
“Si los cierran es porque no tienen luz o agua, cosas así, no por lo que representan, una violación a los derechos humanos, por eso es muy fácil que los vuelvan a abrir”, señala Luis Ángel Saavedra, director de INREDH.
Conforme al registro que lleva la ACESS, de 2017 a mediados de 2023, se han realizado 274 clausuras de diferentes CETAD. Reyes, de ACESS, las desagrega de esta manera: 102 corresponden a mal manejo de desechos y por falta de permiso de funcionamiento; mientras que las otras 172 fueron preventivas y por infracciones al Art. 185 de la Ley Orgánica de Salud, que requiere que los servicios de salud funcionen bajo la responsabilidad de un profesional.
Se solicitó información sobre los procesos judiciales que estén relacionados con “clínicas de deshomosexualización” al Consejo de la Judicatura; sin embargo, hasta el cierre de esta investigación, no se obtuvo ninguna respuesta a pesar de haber insistido en varias ocasiones. Ante el pedido de una entrevista con Fiscalía para esclarecer por qué existen únicamente dos casos de delitos consumados en su registro, tampoco se dio ninguna contestación.
“Las instituciones de control no hacen nada para combatir los centros de tortura, por ello no existen datos que puedan facilitar la fiscalización por parte de la sociedad civil o el periodismo, por tanto, hacen caso omiso de todo pedido de información”, expone Cisneros, de INREDH.
Pedro Felipe Rivadeneira complementa que “la imposibilidad de acceder a información por parte de los órganos estatales debe atribuirse directamente a las propias instituciones y pueden considerarse como una obstrucción de fiscalización”.
La ausencia de una normativa legal específica que sancione y prohíba a los mal llamados centros de “conversión” en Ecuador, desencadena en que los establecimientos que realizan terapias de tortura o “deshomosexualización”, únicamente sean clausurados por infracciones menores, lo que les permite a las personas que los dirigen volver a abrir otro establecimiento en poco tiempo y sin recibir sanción alguna.
Luis Ángel Saavedra, quien tiene a su espalda más de 25 años de lucha por la erradicación de los centros de tortura, sostiene que las personas que financian estos espacios tienen mucho poder, y muchas de ellas están infiltradas en la clase política. ”Se podría decir que son intocables, para ellos es un gran negocio. Por eso hoy cierran aquí, mañana abren allá, pero sin que exista ninguna sanción en contra de nadie”.
El 25 de septiembre de 2020, el expresidente Lenín Moreno vetó el Código Orgánico de Salud (COS), el cual en su artículo 208 prohibía explícitamente el funcionamiento de los centros que ofrezcan terapias o servicios direccionados a “cambiar” la orientación sexual o identidad de género de una persona. Con ello se perdió la posibilidad real de combatir y sancionar las clínicas de deshomosexualización en Ecuador.
Karlina Quiroz es una mujer trans de 54 años que vive en Chone, Manabí. Ella es otra de las víctimas colaterales del veto al COS, ya que en dos ocasiones fue llevada contra su voluntad a establecimientos que ofrecen terapias de conversión. Según relata, el procedimiento fue el mismo las dos veces: un grupo de hombres la obligó a subir a un auto, la esposaron, maltrataron y la trasladaron hasta un centro.
La primera vez, en octubre de 2019, al centro “Libertad sin Límites”, vía a Pedernales. En esa ocasión estuvo tres meses e intentó suicidarse; la segunda, en julio de 2021, fue llevada a “Entrenados Para Ser Libres”, también en la vía a Pedernales; estuvo menos de 24 horas porque su prima, a quien llama «hermana de corazón», fue a rescatarla.
Tras esta segunda experiencia, Karlina ingresó en agosto de 2021 a la Fiscalía una denuncia por delito de odio contra su hermano, Iván Zambrano, a quien siempre se refiere como su agresor.
La inexistencia de una normativa que penalice a los centros de conversión, y a su personal, impiden que Karlina pueda iniciar también un proceso en busca de sanciones en contra de quienes la tuvieron cautiva.
El 20 de junio de 2023, la Fiscalía formuló cargos contra su hermano.
EL INFIERNO AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE TORTURA
“Yo trataba de portarme bien, pero ellos buscaban cualquier excusa para maltratarme, el más mínimo detalle”, relata Sury estrujando levemente sus puños. Toma aire por unos segundos, y expresa que para ella es muy difícil hablar de lo que vivió durante esos cinco meses.
“Me lastima contar todo esto, pero fue lo que me pasó, y sé que es mi obligación denunciarlo”, añade, como lanzando una advertencia sobre la crudeza de su testimonio. “Me daban descargas eléctricas o hundían mi cabeza en un tanque de agua. Pensaba que me iba a morir”, relata.
Además de ser constantemente privada del sueño y la comida, le realizaban una tortura conocida como “submarino”, en la que le introducían una manguera de agua en la boca y abrían la llave.
Sury Barzola vive en la comuna Libertador Bolívar, en Santa Elena, junto con su madre. | Foto: Diego Rivas.
Para que sus captores se detuvieran, Sury se veía obligada a decirles que iba a cambiar, que le iban a gustar las mujeres, que volvería al “buen camino de Dios”. Si no los complacía, las personas encargadas del centro llegaban a realizar actos incluso más crueles y degradantes en su contra.
“Los cuidadores solían orinar en una botella de cola de tres litros, que luego la dejaban reposar en el sol. Nos obligaban a tomarnos eso”, explica casi avergonzada, detallando que el simple hecho de recordarlo le causa una indignación inenarrable.
“Bebiendo esto te vas a curar de tus perversiones y volverás a ser un hombre”, cuenta que le decían.
Pero aparte de toda la humillación, el abuso y el maltrato físico, también había violencia sexual. El pastor Cesar P. obligaba a Sury a realizarle sexo oral, diciéndole que con eso Dios iba a “perdonar sus pecados” y que era parte del “tratamiento” de rehabilitación. Ella accedía porque con ello los actos de tortura en su contra menguaban un poco.
Diane Rodríguez, del Centro PsicoTrans, organización que llevó el caso de Sury, sostiene que este debe convertirse en un precedente condenatorio que sirva como referente y que abra las puertas a la sanción real en contra de las personas que cometen estos delitos.
“Existen pruebas concretas de lo que estaba pasando allá dentro, pero de todas formas el fiscal a cargo no está tomando cartas en el asunto en el secuestro y tortura de Sury”, concluye.
Gabriel de Prada, hombre trans de 27 años, residente en Quito, representa una más de las víctimas de las terapias de conversión llevadas a cabo por cultos religiosos en Ecuador.
Él, pese a no haber sido recluido directamente en un centro de conversión, estuvo en lo que se denominaba como un “campamento para jóvenes diversos”, organizado por la iglesia Alianza República, existente en Quito en el 2013.
En este campamento se violentaron los derechos de alrededor de 15 personas LGBTIQ+ como Gabriel.
“Nos decían que nos iba a dar VIH, que nos vamos a morir, que no vamos a pasar de los treinta años. Después nos hacían ponernos de rodillas en el piso para orar… Gritaban a nuestro alrededor. Lograron hacer que me sienta menos que una piedra y me bajaron tanto la autoestima que, si de por sí ya no aguantaba mi vida, ese rato se me acabó totalmente”, recuerda ahora.
De Prada es hoy activista de la Fraternidad Transmasculina y expone que uno de los actos más crueles y humillantes para las personas transgénero dentro de estos centros es que “te obligan a negarte a ti mismo después de que has luchado toda tu vida por que se respete quién eres”.
Los cinco días que pasó en ese campamento fueron por iniciativa de su tía, a quien solo se refiere como la hermana de su padre. Luego de ese episodio, para él, dejó de ser su familia.
¿EL ESTADO ES RESPONSABLE?
“El Estado sabe lo que está sucediendo, pero decide quedarse quieto, no perseguir, se hace del ‘ojo ciego’, esto se traduce en responsabilidad por aquiescencia ante el Derecho Internacional”, explica Catalina Cisneros, asesora jurídica de INREDH.
La aquiescencia se presenta cuando los Estados, pese a que están de acuerdo con que una determinada acción es violatoria de derechos humanos, permiten realizarla o consienten que se realice, sin intervenir concretamente en la acción para detener el resultado, explica el abogado e investigador en derechos humanos, Juan Diego Gómez.
Es decir que, aún cuando no esté implicado de forma directa, puede recaer sobre él una responsabilidad derivada de la violación a Derechos Humanos en su territorio.
Catalina Cisneros explica que todos los actos violatorios que ocurren en estas seudo clínicas responsabilizan al Estado, por ser “conductas transgresoras de derechos humanos ejecutadas por particulares”, lo que va en contra del artículo 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH)”, referente a obligaciones generales de respeto o garantía de los Estados miembros.
Estos actos están prohibidos también en el Derecho Universal a través de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984.
En dicha convención se establece una prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todos los Estados que, como Ecuador, la han ratificado.
“En el país, a través de los centros de conversión, se ha vulnerado reiteradamente todas las normativas internacionales de derechos humanos” denuncia Sandra Álvarez, de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas (OEML).
En dicha Convención se especifica que: “cuando las autoridades del Estado u otras personas que actúan a título oficial o al amparo de la ley tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o actores no estatales de conformidad con la Convención, el Estado es responsable”.
En Ecuador, normativas internacionales referentes a la no violación de derechos humanos dentro de centros de conversión o “deshomosexualización” no son respetadas, ya que según señala el abogado Juan Diego Gómez, para que las normativas internacionales de derechos humanos sean aplicables dentro de cada Estado, éstas deben incluirse en una normativa legal especifica.
Para Diane Rodríguez, del Centro Psicotrans, “el Estado conoce la gravedad que implican los actos ocurridos dentro de “clínicas de tortura” en el contexto de la ruralidad, y que no hagan nada al respecto los responsabiliza directamente”.
La existencia de estos centros en Ecuador ha levantado ya las alarmas en organismos internacionales. En 2017, Ecuador recibió observaciones concretas sobre los centros de conversión por parte del Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer.
“El Comité contra la tortura expresó su preocupación por los centros de “deshomosexualización”. Se señala que los procesos iniciados por la Fiscalía no han concluido en ninguna condena y se hace un llamado al Estado a actuar sobre esta problemática”, señala Pedro Rivadeneira Orellana, especialista en Derechos Humanos.
Gabriel de Prada denuncia que las terapias de conversión o «deshomosexualización» vulneran múltiples derechos humanos básicos de las personas LGBTIQ+. | Foto: Diego Rivas.
Por su parte, Catalina Cisneros, de INREDH, añade que Ecuador en instancias internacionales o de Derecho Universal sería probablemente encontrado culpable por inacción –aquiescencia- sobre las denuncias en contra de los actos de secuestro y tortura acontecidos en el interior de los centros de conversión.
“Si el Estado no lleva a cabo investigaciones o si estas no están encausadas a cumplir con su fin, y son llevadas como un mero asunto de formalidad, entonces no está actuando con debida diligencia. Esto conlleva el incumplimiento de sus obligaciones internacionales para sancionar a particulares que vulneran derechos humanos, e inclusive estaría fomentando la impunidad y la proliferación de centros”, añade Rivadeneira.
“Para aplicar el criterio de imputación de complicidad, colaboración, aquiescencia o tolerancia solo basta la realización de una de sus formas por parte de los agentes de cualquiera de las instituciones del Estado”, explica el abogado Juan Diego Gómez.
LA INDEFENSIÓN DE LAS VÍCTIMAS QUE SE ATREVEN A DENUNCIAR
Después de que Sury logró escapar de “Salvo por la gracia de Dios”, y guiada por su convicción de conseguir pruebas y justicia, volvió a aquel lugar, junto a su familia, para ofrecerse como voluntaria en el cuidado de las personas recluidas.
“El pastor me aceptó, dijo que no quería más problemas conmigo y por eso me iba a recibir”, explica. “Muchas gracias, padrino”, recuerda haberle dicho.
Fue entonces cuando, con su teléfono celular, logró capturar imágenes de lo que estaba sucediendo en el interior del centro. “Me daba mucho miedo volver allá, sabía que podían atraparme de nuevo, pero quería ayudar a escapar a los demás”, relata Sury. Fue así como consiguió grabar la situación de las personas allí encerradas.
Con las pruebas recolectadas y su difusión en redes sociales por parte del Centro Psicotrans como estrategia mediática, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía activaron sus protocolos para clausurar el establecimiento y corroborar los actos allí cometidos. Esta acción se realizó el domingo 28 de mayo de 2023.
Sin embargo, poco antes de que llegaran al establecimiento, el pastor César P. había huido del lugar junto con su equipo, dejando en libertad a las personas que aún tenían encerradas.
“¿Cómo es posible que, media hora antes de que las autoridades lleguen, él haya escapado? Evidentemente fue alertado por la propia Policía o por alguna otra autoridad”, sostiene Rodríguez.
Con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro, Sury asegura que el hecho de que las personas que seguía cautivas hayan sido liberadas es muy satisfactorio para ella, y le hace sentir que no se arriesgó en vano.
Y aunque tras la huida del pastor César P. el centro “Salvo por la gracia de Dios” abandonó sus instalaciones en Manglaralto, fue abierto nuevamente ahora en la ciudad La Libertad, en Santa Elena.
Este hecho fue corroborado por el equipo de esta investigación. “Que hoy se cierre un centro solo significa que mañana va a haber uno nuevo operando”, denuncia Paola Paredes, periodista investigadora.
“Abrieron una nueva clínica y ya hay gente allí internada”, añade Sury, quien afirma sentirse temerosa de que en algún momento puedan volver a recluirla en contra de su voluntad en este espacio. “Si no me matan tal vez me lleven otra vez allá, no quiero ni pensar en cómo me harían sufrir el pastor y sus ayudantes después de la denuncia que les puse”, detalla angustiada.
Desde el 30 de mayo de 2023, Sury espera una respuesta por parte del agente fiscal de Santa Elena. “Que no se atienda su requerimiento recae en una violación a su derecho al debido proceso, y es altamente revictimizante para ella”, apunta Natalia Cisneros, asesora jurídica de INREDH.
En la imagen, el domicilio de Sury Barzola, en la comuna Libertador Bolívar, al cual pudo regresar después de escapar de su cautiverio. | Foto: Diego Rivas.
Hoy en día, para Sury el resultado de su denuncia no ha tenido el efecto esperado.
En lugar de servir para judicializar a sus victimarios, la ha puesto nuevamente en situación de vulnerabilidad. Actualmente, afirma estar recibiendo amenazas de muerte que buscan que se quede callada y no siga adelante con el proceso en contra del pastor César P. y el centro “Salvo por la gracia de Dios” por secuestro.
“A veces voy caminando hacia mi trabajo y se me acercan a decirme que tenga cuidado, que no ande sola, porque me van a callar la boca para siempre”, denuncia Sury. Además, dice sentirse muy angustiada y temer por su vida, por lo que exige la intervención de las autoridades competentes tanto en el avance de su denuncia como en la protección de su integridad personal.
En días previos a la entrevista con ella, en su domicilio en Libertador Bolívar, Santa Elena, sufrió un asalto y perdió su celular y pertenencias.
“En mi teléfono tenía todas las evidencias que recogí en el centro”, detalla, expresando también que está convencida de que este acontecimiento sirvió como un primer aviso por parte del pastor y sus ayudantes. “Quizá la próxima vez no vengan a robar, sino a hacerme algo más grave”, añade con claro tono de preocupación en su voz.
Su madre, Angélica, de 62 años, cuenta que a veces viene un auto color rojo y se detiene por un largo tiempo afuera de su casa. “Siempre suelen rondar por aquí cerca, estamos realmente preocupadas por todo esto”, dice. Después de haber pensado durante meses que podía estar muerta, no quiere que su hija se encuentre en peligro.
Diane Rodríguez responsabiliza directamente al Estado de lo que pueda pasarle y denuncia la existencia de transfobia dentro de las instituciones públicas.
“Cuando pasa algo con chicos gays en ciudades como Quito la opinión pública se escandaliza, ahí por lo menos se simula que se hace algo, pero en el caso de Sury nadie ha dicho nada, esto se debe a la invisibilidad y violencia estructural que sufrimos las mujeres trans, lo cual nos vuelve aún más vulnerables”, afirma.
Gabriel de Prada sostiene que es indispensable que se generen protocolos adecuados que garanticen la protección de las personas trans antes, durante y después de haber tenido contacto con un centro de conversión.
“Dentro de un gobierno lgbtiqfóbico como el actual, las personas trans son una de las poblaciones más desamparadas”, específica Natalia Cisneros de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
“He pensado incluso en irme de mi comunidad y buscar nuevas oportunidades y tranquilidad en otro lugar, pero no quisiera tener que hacerlo”, comenta Sury cerrando los ojos, mientras su madre la observa en silencio desde la distancia.
“Pero a veces creo que no me va a quedar más remedio, sobre todo por mi seguridad y la de mi familia”, concluye.
El caso de Sury Samantha es un ejemplo real y específico de cómo la inacción e indiferencia estatal sobre los delitos cometidos dentro de los centros de tortura afectan a la vida de una persona.
Evidencia además que el Estado ecuatoriano no solo no garantiza la sanción en contra de quienes cometen múltiples actos de vulneración de derechos humanos, sino que también coloca en indefensión a las víctimas que se atreven a denunciar en busca de justicia.
Para Luis Ángel Saavedra, director de INREDH, no se prevé una solución ni a medio ni a largo plazo sobre esta problemática.
“Siempre que ocurre un caso que llega a la opinión pública se plantean reuniones, mesas técnicas y hojas de ruta, pero llevamos décadas haciendo lo mismo”. Después, según asegura, todo se desecha y se vuelve a empezar, generando así un círculo rotativo cuyo centro es la impunidad.
Mientras busca justicia y reparación, Sury continúa saliendo cada mañana desde su casa hasta su trabajo en la comuna de Olón, donde presta servicios de peluquería y maquillaje. “No me queda más que seguir con mi vida, pero a veces es complicado acostumbrarse a vivir con miedo”, comenta, encogiéndose de hombros.
Angélica, madre de Sury, quien la recibió en sus brazos con lágrimas cuando pudo regresar a su hogar. | Foto: Diego Rivas.
Hasta el cierre de esta investigación no han existido avances en el caso de Sury Barzola. Su vida sigue bajo amenaza latente y las autoridades competentes continúan poniendo excusas y dando largas a sus requerimientos.
“Me llamaron para declarar en Fiscalía el 3 de agosto, pero me cancelaron la cita poco después con la excusa de que ya habían conseguido la información que necesitaban”, reclama Sury. Se solicitó información a la Fiscalía de Santa Elena que explique estos sucesos, pero no se dio ninguna respuesta.
Por ahora, el centro de tortura “Salvo por la gracia de Dios” sigue operando impunemente en su nueva ubicación, el pastor César P. se encuentra en libertad y el proceso en su contra continúa detenido.
Mientras tanto, Sury se mantiene firme y espera que su denuncia materialice un precedente de sanción en contra de los centros de tortura que impida que estos puedan seguir operando impunemente en el país.