En enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una decisión histórica que condena a Ecuador por violaciones a los derechos humanos de niñas sobrevivientes de violencia sexual. Este fallo, resultado de una lucha de años liderada por el movimiento Son niñas, no madres, no solo valida el sufrimiento de las víctimas sino que establece precedentes cruciales para prevenir que más niñas sean forzadas a ser madres. El caso de Norma, una de las sobrevivientes, ejemplifica una realidad que afecta a miles de niñas en el país: cada día, siete niñas entre 10 y 14 años dan a luz en Ecuador.
La región enfrenta una epidemia silenciosa: América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cinco de cada 100 niñas de la región se convirtieron en madres en 2021. Alrededor del 20% de estos embarazos son producto de violencia sexual, y en muchos casos se trata de violaciones repetidas. Se estima que el 80% de las violaciones en América Latina y el Caribe tienen como víctima a una niña de entre 10 y 14 años.
LA PERSISTENCIA DE UNA CRISIS SILENCIOSA
Bajo ese panorama, en Ecuador, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan que, a pesar de una ligera tendencia a la baja, la maternidad infantil sigue siendo una realidad alarmante. En 2023, se registraron 1.666 nacimientos de madres menores de 15 años, lo que representa una reducción de -13,3% respecto a los 1.921 casos de 2022. Sin embargo, es preocupante que esta cifra siga siendo significativamente alta y revela la persistencia del problema.
En el grupo de 15 a 19 años, los números son aún más preocupantes. Se registraron 34.611, mostrando una disminución del -9,1% en comparación con los 38.087 casos de 2022. Si bien la tendencia decreciente es positiva, el ritmo de reducción resulta insuficiente considerando la gravedad del problema (Gráfico 1).
Gráfico 1
Nacidos vivos por edad de la madre
“Los datos de la prevalencia de maternidades forzadas en América Latina son alarmantes y esto se debe en primer lugar a la persistencia de la violencia sexual”, explica Milagro Valverde, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y vocera de Niñas, No madres, en entrevista para GESTIÓN. “Todas estas niñas viven en condiciones de pobreza, ninguna accedió a educación sexual integral para poder identificar, denunciar, buscar ayuda cuando estaban viviendo estas violencias”.
LAS GEOGRAFÍAS DEL DOLOR: DISPARIDADES TERRITORIALES EN LA MATERNIDAD INFANTIL
El análisis territorial revela patrones preocupantes en la distribución de casos de maternidad infantil. La región Costa concentra el mayor número de casos, con Guayas (372), Manabí (234), Los Ríos (185) y Esmeraldas (151) liderando las estadísticas de madres menores de 15 años. Esta concentración geográfica no es casual y refleja desigualdades estructurales en el acceso a servicios básicos, educación y protección (Gráfico 2).
Gráfico 2
Madres menores a 15 años por provincia en 2023
Desagregándolo de forma regional, de los 1.666 casos de madres menores de 15 años registrados a nivel nacional en 2023, la Costa concentra 1.030 casos (61,8%), la Sierra 427 (25,6%), la Amazonía 206 (12,4%) y la región Insular apenas dos casos. Este patrón se repite en el grupo de 15 a 19 años, donde de los 34.611 nacimientos totales, la Costa registra 19.814 (57,2%), la Sierra 11.281 (32,6%), la Amazonía 3.472 (10%) y Galápagos 24 casos (Gráfico 3)
Gráfico 3
Madres entre menores de 19 años por región
Ante esta marcada disparidad territorial, Valverde enfatiza en que es muy importante que se tenga en cuenta que para poder cumplir a cabalidad con estas órdenes del Comité de Derechos Humanos, “Ecuador tiene que garantizar que el acceso a estos servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso por ejemplo a estas capacitaciones lleguen a todos los rincones del país”. Esta necesidad de alcance territorial completo se vuelve especialmente crítica al observar cómo las provincias costeras no solo concentran la mayoría de casos en términos absolutos, sino que también presentan una mayor proporción de embarazos en menores de 15 años respecto al total de embarazos adolescentes en su región.
EL CASO DE NORMA COMO PUNTO DE INFLEXIÓN
La historia de Norma representa uno de los ejemplos más claros de las fallas sistémicas en la protección de los derechos de las niñas en Ecuador. A los 13 años, fue víctima de violaciones reiteradas por parte de su padre, quien también habría agredido sexualmente a su hermana y a una prima, ambas menores de edad. Su caso, que llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, evidencia las múltiples vulneraciones que enfrentan las niñas en situaciones similares.
“En el caso de Norma, para el momento de los hechos ella estaba bajo la causal de vida y salud que se regulaba en el artículo 150 del Código Penal; sin embargo, el Estado aun así decidió negarle el acceso al servicio de salud”, explica Valverde. Esta negación de servicios esenciales de salud ejemplifica cómo la falta de protocolos adecuados perpetúa el ciclo de violencia.
Su caso revela las deficiencias en múltiples niveles del sistema de protección. El sistema educativo falló al detectar señales de alarma cuando dejó de asistir a clases. El sistema de salud no implementó protocolos de detección temprana durante sus visitas médicas regulares. El sistema judicial no actuó oportunamente ante las señales de violencia intrafamiliar.
“Cuando se trata de niñas, la impunidad constituye un agravante”, señala Valverde. El caso de Norma evidencia cómo la falta de coordinación entre instituciones y la ausencia de protocolos específicos para casos de violencia sexual contra niñas crean vacíos que perpetúan la violencia.
La resolución del Comité sobre su caso es particularmente significativa porque reconoce que la maternidad forzada no solo viola derechos fundamentales sino que también “interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales”. Esta interpretación amplía la comprensión de los impactos de la violencia sexual más allá del daño inmediato.
LAS DECISIONES DEL COMITÉ Y SUS IMPLICACIONES HISTÓRICAS
La decisión del Comité de Derechos Humanos marca un precedente internacional significativo. “Estas decisiones son históricas porque establecen estándares que van a ser vinculantes para los 170 países alrededor del mundo que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, enfatiza Valverde.
El fallo establece cuatro medidas fundamentales que los Estados deben implementar:
Las medidas ordenadas por el Comité incluyen:
- Modificación de la legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos que impliquen intensos sufrimientos o riesgos para la salud.
- Implementación de acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo medidas educativas y de sensibilización.
- Capacitación de profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual.
- Aplicación de medidas de reparación individual, incluyendo apoyo para retomar estudios y acompañamiento psicológico.
“El sistema de derecho internacional ha puesto en el centro de estas condenas las necesidades de las niñas, especialmente aquellas que enfrentan mayores barreras”, resalta Valverde, destacando el enfoque centrado en las víctimas que caracteriza a estas decisiones.
EL CAMINO HACIA ADELANTE: DESAFÍOS Y COMPROMISOS
La implementación efectiva de este fallo histórico enfrenta múltiples desafíos que requieren atención urgente. “El cumplimiento de estas medidas de reparación depende en gran parte de la voluntad política del Estado”, advierte Valverde. Sin embargo, el movimiento Son Niñas, No Madres ha establecido mecanismos de seguimiento para garantizar su cumplimiento.
“Desde el movimiento estaremos muy presentes en la implementación de estas decisiones y haciendo veeduría para que el Estado realmente cumpla”, afirma la vocera. El Estado ecuatoriano tiene ahora la obligación de presentar información al Comité en un plazo de 180 días sobre los avances en la implementación de las medidas ordenadas.
Los desafíos más apremiantes incluyen garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en todas las regiones del país, con especial énfasis en zonas rurales y comunidades indígenas; la implementación efectiva de programas de educación sexual integral en todo el sistema educativo; el fortalecimiento de los sistemas de protección y respuesta temprana ante casos de violencia sexual; y la asignación presupuestaria necesaria para implementar todas estas medidas.
“Para revertir esta alarmante situación, en primer lugar, es necesario que el Estado garantice el aborto como un servicio esencial de salud y para eso es necesario que los saque del Código Penal y lo regule mediante iniciativas sanitarias, como ha recomendado la propia Organización Mundial de la Salud”, señala Valverde.
La lucha del movimiento demuestra que el cambio es posible cuando existe una movilización social sostenida y coordinada. El desafío actual radica en traducir esta victoria legal en transformaciones concretas que aseguren que ninguna niña más sea forzada a ser madre y que todas tengan acceso a una vida libre de violencia. Este objetivo solo será alcanzable mediante un compromiso sostenido no solo del Estado sino de toda la sociedad ecuatoriana.
(*) Elaborado por economista Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2025-02-12