El Ecuador tiene grandes desafíos en torno a la atención, cuidado y protección de los niños, niñas, y adolescentes, pues el panorama ha empeorado sustancialmente a raíz de la pandemia. La seguridad alimentaria, analizada desde la garantía al acceso y consumo de alimentos, tiene serias dificultades en el Ecuador, siendo el segundo país de la región con mayor porcentaje de desnutrición crónica. Es imperativo destacar la importancia de la lactancia materna y la necesidad de priorizar la inversión en un sistema de protección social que ayude a las familias.
En el marco del Día Mundial de la Infancia, celebrado el pasado 20 de noviembre, Unicef llamó la atención sobre la situación que atraviesa la niñez en el país, donde las problemáticas son muy amplias y su severidad llega a ser alarmante, especialmente en zonas vulnerables como la rural. De acuerdo con las cifras presentadas por Unicef, en Ecuador, de 18 millones de habitantes, cerca de 6 millones son niños, niñas y adolescentes, los cuales tienden a estar más expuestos a problemáticas de salud, nutrición y violencia. Unicef hace énfasis en seis cifras alarmantes de la situación ecuatoriana:
- A raíz de la pandemia, 50% de las familias con niños tiene dificultades para acceder a alimentos.
- 80% de los niños indígenas no puede acceder a agua, saneamiento e higiene al mismo tiempo.
- 252 mil niños, niñas y adolescentes estaban fuera de la escuela en 2021.
- 27% de niños tiene comprometido su desarrollo debido a la desnutrición crónica infantil. Esta cifra aumenta en los niños indígenas al 38%.
- Uno de cada dos niños menores de 5 años son maltratados física o psicológicamente en sus hogares.
- Entre enero y agosto de 2022, 271 menores de 19 años han muerto por homicidios intencionales, mientras que entre enero y diciembre de 2018 fueron 74
Se puede evidenciar que las familias que ya se encontraban en situación de pobreza antes de la pandemia, han visto una disminución en su economía, salud, educación y acceso a derechos básicos. De allí que siete de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes han visto reducidos sus ingresos, lo cual intensifica problemáticas relacionadas con la salud y protección en la infancia.
En específico, se posiciona al maltrato físico y psicológico, y a la inseguridad alimentaria como las problemáticas con mayor incidencia en la niñez ecuatoriana (Gráfico 1). Esta situación no ha variado desde octubre de 2020, afectando particularmente a las familias con niñas y niños, hogares rurales y del nivel socioeconómico bajo.
Gráfico 1
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afectados
ECUADOR ES EL SEGUNDO PAÍS DE LA REGIÓN CON MAYOR PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a la seguridad alimentaria como el acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y preferencias, que permitan a las personas llevar una vida sana y activa. Si bien el potencial alimenticio de un país está estrechamente relacionado con la capacidad productiva agropecuaria, gran cantidad de la población no logra satisfacer sus necesidades alimenticias debido a que no tienen los recursos para adquirir los alimentos.
La principal dificultad es la disminución de la capacidad adquisitiva respecto a la canasta básica familiar; a esto se suman el limitado acceso a la tenencia de la tierra (cultivable), la falta de provisión de agua potable y la pérdida de fertilidad de los suelos en las áreas rurales.
En sí, el Ecuador es un país con una importante producción de alimentos, suficientes para satisfacer la demanda interna, sufriendo escasez de productos muy pocas veces en el año y generalmente por razones estacionales, sin embargo, no basta que existan suficientes alimentos cuando hay restricciones para que la población goce de ellos. Es por esto que garantizar una seguridad alimentaria en el país debe reflejarse en la reducción del número de personas con hambre y desnutrición, y no solo en el volumen de producción de los alimentos.
Los resultados muestran cómo la prevalencia de desnutrición crónica de menores de 2 años en el país es de 28%, posicionando a Ecuador como el segundo país de América Latina y el Caribe con mayores índices después de Guatemala, donde los hombres (en este caso niños), son quienes tienen mayor probabilidad de tener este mal, con 32,61%.
En el análisis por provincia, los resultados evidencian que Chimborazo, Santa Elena y Tungurahua son los territorios con mayor porcentaje de niños con desnutrición crónica (Gráfico 2). Además, el 39% de niños indígenas menores de 2 años padece de desnutrición crónica, denotando que la situación es mucho más grave para esta población.
Gráfico 2
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 2 años por provincia
Las políticas de Estado tendrían que direccionarse en abordar esta problemática, la cual a nivel nacional no se ha podido reducir significativamente en las últimas décadas, ya que el porcentaje de nacidos con bajo peso para 2013 fue menor incluso que la cifra registrada en 2021, evidenciando así un estancamiento en la aplicación y ejecución de políticas públicas eficientes que aborden la salud como un tema integral.
LA LACTANCIA MATERNA ES CLAVE EN LA NUTRICIÓN Y EL DESARROLLO A LARGO PLAZO
La leche materna es considerada el alimento ideal e insustituible para el recién nacido, siendo una forma de alimentación económica, ecológica, que previene enfermedades y garantiza el desarrollo psicológico, físico e intelectual de niños y niñas. No obstante, las cifras recogidas por el INEC muestran que solo 46,4% de los niños y niñas menores de seis meses recibieron lactancia materna exclusiva a nivel nacional, siendo los niños de los barrios más vulnerables los que más recibieron leche materna en forma exclusiva hasta los seis meses, a diferencia de los niños que se ubican en los barrios con mejor nivel de vida.
A su vez, los niños de áreas rurales son alimentados más con leche materna que los niños de áreas urbanas (Gráfico 3), sucediendo lo mismo con los niños de madres de menor nivel de instrucción en relación con las de mejores niveles.
Gráfico 3
Porcentaje de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida
Estos datos confirman el riesgo a los que están expuestos aproximadamente la mitad de los niños ecuatorianos en sus primeros meses y a lo largo del ciclo de vida, ya que una malnutrición hasta los 2 años de edad puede provocarle daños irreversibles en su mente y su cuerpo, lo cual lo vuelve más vulnerable a las enfermedades, genera menor concentración en la escuela y, cuando llega a la edad adulta, a menudo ganan menos dinero.
Debido a esto, el Ministerio de Salud Pública promueve en las empresas e instituciones del país la implementación de salas de apoyo a la lactancia materna, las cuales son espacios adecuados para la extracción y conservación de leche durante las horas laborables o de estudio. Esto debido a que la mujer no es la única responsable de la lactancia, sino que su éxito depende del apoyo constante de la pareja, familia y el entorno laboral o estudiantil.
Las cifras demuestran además que la población femenina es más vulnerable a la inseguridad alimentaria y a sus consecuencias, ya que se conoce que las madres malnutridas tienen más probabilidades de fallecer en el parto, por lo que son apremiantes las intervenciones alimentarias a las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños para asegurarse de que reciban los alimentos indicados en el momento oportuno.
¿CUAL ES LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL ECUADOR?
La irrupción de la pandemia desdibujó el panorama ya de por sí deficiente de la infancia y adolescencia en el Ecuador, donde tres de cada 10 personas en hogares con niñas, niños y adolescentes se encuentra en situación de pobreza y de ellos el 14% en pobreza extrema. De acuerdo con la Unicef, 30% de los hogares recibe apoyos de programas sociales y se destinan $ 9.822 millones a políticas sociales vinculadas al bienestar de niños, adolescentes y sus familias, lo que equivale al 29% del presupuesto general y 9% del PIB, no obstante, únicamente 1,5% del PIB se invierte en bienestar social, una cifra por debajo del promedio regional de inversión en protección social (4,3% del PIB).
Los esfuerzos deben concentrarse en proteger e incrementar el capital humano de las niñas, niños y adolescentes, el cual se basa principalmente en la educación. En el país este fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, incidiendo en el aprendizaje de más de 4,3 millones de estudiantes por el cierre de las escuelas, resultando en un abandono escolar de 252.000 niños a diciembre de 2021 y 187.277 estudiantes con rezago académico de más de dos años.
Debido a esto, la Unicef diseñó una ruta de protección social para la infancia y adolescencia en el país, con el fin de contener sus efectos negativos por el choque de la covid-19. Esta conlleva intervenciones desde la primera infancia, incentivos en la educación y transferencias monetarias de emergencia (Gráfico 4); su monto de inversión alcanza los $ 2.599 millones o el equivalente al 2,4% del PIB.
Gráfico 4
Monto de inversión requerida para la implementación de mecanismos de protección social a la niñez y adolescencia por tipo de intervención
De acuerdo con este organismo, esta inversión es la más poderosa e inteligente que un país puede hacer, ya que se refleja en enormes ganancias en capital humano y productividad en el mediano y largo plazo, donde por cada dólar invertido en primera infancia el país recupera hasta $ 17 a mediano y largo plazo. Además, cuando un país prioriza e invierte en la infancia se revierten los efectos de la pobreza, la desigualdad y la violencia, ya que al invertir en políticas de educación, salud y protección se generan las condiciones para una sociedad más próspera, justa y democrática.
De esta manera, Unicef Ecuador llama al Gobierno Nacional a invertir su presupuesto con efectividad y eficiencia en favor de la infancia, y fortalecer la respuesta ante emergencias que afecten a este grupo vulnerable. Argumenta que el financiamiento de un sistema de protección social que ayude a las familias requiere de una reforma tributaria que apunte a la progresividad y redistribución.
(*) Jorge Pérez, analista económico Revista Gestión.
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Last modified on 2022-11-24