La inseguridad se ha convertido en el desafío más apremiante que enfrenta el Ecuador en la actualidad. Más allá de ser una crisis de seguridad pública, es una amenaza directa al tejido económico y social del país. En un reciente webinar organizado por el Colegio de Economistas del Ecuador, titulado “Costos económicos de la inseguridad”, expertos de diversos campos analizaron las profundas implicaciones económicas de este fenómeno. La escalada de violencia, el crecimiento del crimen organizado y la erosión de la confianza empresarial están reconfigurando el panorama económico ecuatoriano de maneras sin precedentes.
LA ESCALADA DE VIOLENCIA: UN PANORAMA ALARMANTE
Primero hay que decir que el aumento de la violencia en el Ecuador es indiscutible y alarmante. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, los homicidios intencionales han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2014, se registraron 1.310 homicidios intencionales. Esta cifra se mantuvo relativamente estable hasta 2019, cuando comenzó a aumentar significativamente. En 2020, se registraron 1.372 homicidios, pero el salto más dramático ocurrió en los años siguientes: 2.495 en 2021, 4.886 en 2022, y un alarmante récord de 8.202 en 2023. Para 2024, hasta julio, ya se habían registrado 3.631 homicidios, lo que sugiere que la tendencia al alza continúa (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución de homicidios Intencionales
Este incremento dramático, especialmente desde 2021, refleja una crisis de seguridad sin precedentes. Fernando Carrión, uno de los panelistas del webinar, señaló que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha pasado de niveles relativamente moderados a principios de la década a cifras alarmantes de 40-42 por 100.000 habitantes en 2023. Carrión enfatizó en que este aumento no solo representa un problema de seguridad pública, sino que también indica la consolidación de una economía criminal paralela en el país.
Asimismo, Verónica Artola, docente y exgerente del Banco Central, complementó esta perspectiva al señalar que la escalada de violencia está teniendo un impacto directo en la percepción de seguridad tanto a nivel nacional como internacional. Según Artola, esto se traduce en una disminución de la inversión extranjera y un aumento en la migración de ecuatorianos, lo que representa una pérdida significativa de capital humano y financiero para el país.
De su parte, el docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales Daniel Pontón hizo hincapié en la falta de una respuesta estatal adecuada frente a esta crisis. Argumentó que la reducción en la inversión pública en seguridad, precisamente cuando más se necesita, ha exacerbado el problema. Señaló que la disminución de presupuestos para instituciones clave como la Policía Nacional y el sistema penitenciario ha creado un vacío que está siendo aprovechado por el crimen organizado.
LAS PRINCIPALES URBES, LAS MÁS AFECTADAS
Al realizar un análisis provincial, basado en datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, hasta junio de 2024 se revela que Guayas lidera con 1.375 homicidios, representando casi el 38% del total nacional, seguido por Los Ríos con 426 y Manabí con 413. Esta concentración geográfica de la violencia tiene implicaciones económicas significativas, especialmente considerando que estas provincias son centros económicos importantes (Gráfico 2).
Gráfico 2
Número homicidios por provincia 2024
Esta distribución de la violencia tiene implicaciones económicas profundas. Como señaló Artola durante el webinar, las provincias más afectadas son también las que más contribuyen al PIB nacional. Guayas y Pichincha, por ejemplo, representan conjuntamente más del 50% de la producción nacional (29% y 28%, respectivamente). El impacto de la inseguridad en estas regiones podría, por lo tanto, tener efectos desproporcionados en la economía general del país (Gráfico 3).
Gráfico 3
Producción nacional por provincia
Carrión añadió que esta distribución geográfica de la violencia no es aleatoria, sino que sigue patrones relacionados con las rutas del narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. Señaló que las provincias costeras y fronterizas son particularmente vulnerables debido a su importancia estratégica para estas actividades ilícitas.
Pontón, por su parte, enfatizó en la necesidad de una respuesta diferenciada y focalizada por parte del Estado. Argumentó que las estrategias de seguridad deben adaptarse a las realidades específicas de cada provincia, considerando no solo los índices de violencia, sino también las dinámicas económicas y sociales particulares de cada región.
EL IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO: COSTOS PARA EL ESTADO Y LAS EMPRESAS
El costo económico directo de la inseguridad es multifacético y sustancial. Carrión estima que el lavado de activos en Ecuador podría alcanzar los USD 3.500 millones, lo que representa aproximadamente el 3% del PIB. Esta cifra alarmante sugiere la magnitud de la economía criminal que se ha desarrollado paralelamente a la economía formal.
Las empresas están enfrentando costos adicionales significativos. Como señaló Pontón, algunos empresarios están pagando “doble vacuna”: una al Estado en forma de impuestos y otra a grupos delictivos como “protección”. Este doble gravamen reduce la competitividad de las empresas ecuatorianas y desalienta la inversión tanto nacional como extranjera.
El sector turístico, crucial para la economía ecuatoriana, ha sido particularmente afectado. Artola mencionó que este sector ha experimentado una contracción del 16% en el último año, atribuible en gran parte a la percepción de inseguridad.
De acuerdo con Manuel Zambonino, en su artículo “Perspectiva del Turismo ante la inseguridad en Esmeraldas, Ecuador”, la inseguridad tiene un impacto significativo en la industria turística del cantón Esmeraldas. En un estudio realizado con 150 turistas, el 70% consideró que la inseguridad era un problema en la región, y el 55% indicó que la inseguridad había afectado su comportamiento como turista. Más preocupante aún, el 30% de los turistas encuestados declararon que no volverían a visitar la región debido a la inseguridad.
Adicionalmente, Zambonino también señala que el 40% de los turistas ha tenido alguna experiencia negativa relacionada con la inseguridad durante su visita. Por otro lado, el 60% de los prestadores de servicios turísticos considera que la inseguridad afecta negativamente su negocio. Esto se traduce en una disminución en la demanda de turismo en la zona, lo que está generando un impacto negativo en la economía local y nacional.
LA ECONOMÍA PARALELA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Un aspecto particularmente preocupante es el crecimiento de una economía criminal paralela. Carrión estima que existen alrededor de 1.500 estructuras criminales en Ecuador, involucrando a aproximadamente a 15.000 personas. Comparativamente, esto equivale al empleo generado por algunas de las mayores empresas del país. Carrión relata que en un estudio comparativo que realizó con las empresas que más empleo generan, existe una empresa de pesca que más o menos genera 17.000 empleos y otra del mercado minorista que genera 15.000; es decir, más o menos igual que esta organización.
Esta economía paralela no solo compite con la economía formal por recursos y mano de obra, sino que también distorsiona los mercados y crea incentivos perversos, especialmente para los jóvenes que enfrentan altas tasas de desempleo. Carrión advirtió que el lavado de activos se ha infiltrado en sectores económicos clave, como la construcción y el comercio de automóviles. La falta de controles efectivos, especialmente por parte de la Superintendencia de Compañías, ha permitido que estas actividades ilícitas florezcan.
Carrión advierte sobre la evolución de esta economía criminal: “Yo creo que hoy en día, lo que estamos teniendo es de manera definitiva una economía criminal muy sólida”. Esta solidez representa un desafío significativo para las autoridades y requiere una respuesta coordinada y efectiva para combatir su crecimiento y mitigar su impacto en la economía y la sociedad ecuatoriana.
LA RESPUESTA ESTATAL: DEFICIENCIAS Y DESAFÍOS
La respuesta del Estado ecuatoriano a esta crisis de seguridad ha sido insuficiente y mal dirigida. Pontón presentó datos alarmantes sobre la reducción de la inversión pública en seguridad, justo cuando más se necesita. Esta desinversión se refleja en la reducción de presupuestos para la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad, además de la falta de inversión en tecnología y capacitación para combatir el crimen organizado, y el deterioro del sistema penitenciario, que se ha convertido en un centro de operaciones para el crimen organizado.
Pontón criticó la militarización de la seguridad pública, como el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, presentándola como una solución rápida “pero potencialmente contraproducente”. Esta estrategia desvía recursos de las fronteras, facilitando el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas transnacionales. Además, Pontón reclamó por la falta de un plan estratégico claro y público para combatir la inseguridad, lo que genera incertidumbre y dificulta la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.
Bajo ese inquietante panorama, la inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles críticos, con costos económicos sustanciales y crecientes. Es por ello por lo que existe la necesidad de un enfoque integral para abordar esta crisis. Carrión, por ejemplo, enfatizó en la importancia de fortalecer las instituciones públicas y mejorar la coordinación entre ellas. Mientras que Artola subrayó la necesidad de priorizar la inversión en seguridad y fomentar el crecimiento económico para crear oportunidades, especialmente para los jóvenes, y Pontón abogó por una inversión estratégica en seguridad, priorizando la asignación de recursos a instituciones clave como la policía, fiscalía y sistema penitenciario.
Los expertos también destacaron la importancia de mejorar la recolección y análisis de datos para una toma de decisiones más informada y una evaluación efectiva de las políticas implementadas. La cooperación internacional fue señalada como crucial para combatir el crimen organizado transnacional.
En síntesis, la crisis de seguridad en Ecuador requiere una respuesta urgente y coordinada. Pues los costos económicos de la inacción son demasiado altos para ignorarlos. El futuro económico del país depende en gran medida de su capacidad para restaurar la seguridad y la confianza, un desafío que requiere el compromiso y la acción concertada de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana.