Una crítica muy común en estos días -tras el Informe a la Nación del 24 de mayo- es que el actual Gobierno no tiene obras para mostrar. La ciudadanía tiene fresca en la memoria los años de abundancia económica de un flujo de recursos petroleros que sobrepasó los $ 300.000 millones en ingresos por altos precios entre enero de 2007 y mayo de 2017, y de un agresivo endeudamiento público que prodigaba liquidez. La locomotora económica fue el Estado y para mantenerla encendida no se dudó en asaltar los recursos del Banco Central con extensiones del balance para prestar al fisco; y en succionar los recursos del fondo de pensiones de la seguridad social a cambio de bonos. Entonces sí fluyeron las megaobras de infraestructura: ocho hidroeléctricas -aunque funcionen a medias- aeropuertos innecesarios, escuelas del milenio no funcionales, hospitales sin equipamiento, etc., y las decisiones se tomaban por conveniencia populista sobrepasando la normativa de las instituciones.
Aquella corriente de abundancia quedó en el pasado y la realidad hoy en día exige asumir las cuentas por pagar del festín de la década. Por ahora y en varios años por venir no se puede esperar obras de infraestructura. La mayor obra será poner orden en las cuentas fiscales, rescatar el Poder Judicial para que ejerza justicia y persiga la corrupción, respetar las instituciones y la normativa jurídica, la seguridad legal y ciudadana, tomar acciones para devolver la competitividad al país y promover la productividad. Sin estas acciones no volverá la inversión nacional ni extranjera y no habrá creación de empleo sostenible.
La magnitud de los desequilibrios fiscal, monetario y externo exige realismo y utilizar los recursos limitados de los nuevos créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los multilaterales, otorgados en condiciones financieras ventajosas, con el fin de: 1) evitar que se paralice la alicaída locomotora estatal y arrastre consigo al sector privado; 2) mover el aparato productivo; y 3) pagar obligaciones originadas en el endeudamiento público que se duplicó de 24% del PIB en 2008 a 46% del PIB en 2018 (Cuadro 1).
Cuadro 1
Indicadores fiscales para un escenario de toma de decisiones del Gobierno
Fuente: FMI Art. IV de 2019.
La ventaja financiera de los nuevos créditos tiene una exigente contraparte de corrección del manejo económico, principalmente en la consolidación fiscal. Las cifras del resultado global muestran un reto gigante ya cumplido antes del acuerdo: pasar de un déficit de -4,5% del PIB en 2017 a un nivel de -0,9% del PIB en 2018. Más ambicioso todavía es cerrar este año con un equilibrio entre ingresos fiscales y gastos fiscales, o sea un resultado global en cero, lo cual implica un menú completo de políticas: menor gasto por la reducción de la masa salarial del sector público y por la reducción de subsidios a los combustibles, e incremento de recaudación de impuestos y otros rubros de ingresos, con la finalidad de apuntalar el objetivo. Acá ya empieza la duda: ¿se logrará cerrar el año con este objetivo cumplido, en ausencia de una focalización del subsidio del gas doméstico?, ¿sin incremento de aranceles?
El FMI ha dejado en libertad al Gobierno para escoger de qué modo mejora ingresos fiscales y de qué modo corta los gastos; sin embargo, no hay tantas acciones para escoger. Todas afectan a uno u otro segmento de la población, impactan el empleo y son dolorosas. Para 2020 el superávit global se establece en 3,8% del PIB, esto significa que se cortarían aún más los gastos corrientes y/o de capital; y se incrementarían los ingresos presupuestarios, sobre todo los tributarios, de modo que los ingresos totales sean mayores a los gastos totales. Cuesta arriba se ve el logro de esta meta, puesto que el margen de capital político del presidente Lenín, quien lidera esta iniciativa económica de la consolidación fiscal, ha caído a un 24% en mayo, a partir de un 70% al inicio de su mandato.
El año próximo es clave tener un superávit fiscal para reducir el riesgo país y poder entrar al juego de emitir bonos soberanos con intereses reducidos, para cambiarlos por los $ 1.500 millones de los bonos 2020 que vencen en marzo. El vía crucis del pago de la deuda adquirida en la década pasada ya empezó, ya está aquí en 2020. La gran obra a esperar de este Gobierno es poder realizar esta operación de canje para mantener abierto el crédito internacional y mantener funcionando esta economía con mejoras paso a paso, y persistir en las acciones de consolidación fiscal.
A partir de 2019 se espera contar con un superávit primario de nada menos que 2,7% del PIB, algo que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, muestra con cifras que se está buscando activamente y con relativo éxito. No en vano hasta abril el resultado primario fue positivo y de $ 678 millones (0,6% del PIB) pero insuficiente, porque a este ritmo de acumulación llegaría a 1,9% del PIB a fin de año y no a 2,7% como lo estipulan las metas. Se ve una mejoría en los indicadores pero va lenta, podría no llegar a lo esperado.
Pero, ¿alcanzar en 2020 el 6,5% de superávit fiscal primario? Eso aún no se ve ni en perspectiva. En agosto llegaría a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma tributaria. El único impuesto capaz de elevar sustancialmente la recaudación es el IVA, y rinde alrededor de $ 500 millones por cada punto adicional en una economía como fue la de 2018. Esta sería la posibilidad real de política de aproximarse a un nuevo nivel de ingresos tributarios. ¿Será viable políticamente? Habrá que ver.
El superávit global y el superávit primario van a contribuir definitivamente a reducir los requerimientos de financiamiento y a frenar la vorágine de endeudamiento en la que se metió el país al menos desde 2014. Si se cumplen las metas fiscales, se cumplirá el frenazo al endeudamiento de la forma que se observa en el Cuadro 1. Las mejoras que exhibe el ministro Martínez parecen insuficientes por el momento. Falta tomar nuevas acciones si se busca persistir en el acuerdo con el FMI.
María de la Paz Vela Zambrano, editora macroeconómica*
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Last modified on 2019-06-03