La corrupción es un fenómeno que continúa preocupando a la población de América Latina y el Caribe. Desde los documentos de paraísos fiscales, el escándalo con los contratos de Odebrecht e inclusive los juicios a los que fueron sometidos algunos políticos, la región no ha parado de ver un impacto negativo importante en su economía y la fuerza política.
Según datos del informe de la serie Barómetro Global de la Corrupción, a casi dos tercios de las personas encuestadas le preocupa el crecimiento de este fenómeno en sus países, y más de la mitad (53%) afirma que sus gobiernos no están resolviendo el problema. Estos resultados se obtuvieron de entrevistas hechas a 22.302 personas en 20 países de toda América Latina y el Caribe.
Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias
El informe arroja también que casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó un soborno, lo cual equivale a más de 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales públicos y escuelas públicas en los 12 meses previos a la encuesta pagaron un soborno (el 20% y el 18%, respectivamente). En Ecuador, efectivamente, el sistema de salud recibe la mayoría de sobornos con un promedio de 30%, le sigue la Policía y Servicios Públicos con un estimado de 20%.
La mayoría afirma que la acción de los ciudadanos comunes podría incidir significativamente en los resultados en la lucha contra la corrupción (70%). Pese a esto, solamente el 9% de las personas encuestadas que pagaron sobornos, por ejemplo, denunciaron el hecho ante las autoridades, y de los que sí lo hicieron, el 28% sufrió consecuencias negativas.
Ecuador forma parte de los países que apoya las denuncias contra la corrupción, por esa razón un 62% de la ciudadanía expresó que es socialmente aceptable denunciar estos actos.
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Gráfico: El Orden Mundial.
Policías y políticos, los más corruptos
Los ciudadanos de esta región del mundo perciben que una buena parte de sus funcionarios, empresarios y políticos están involucrados en casos de corrupción. De ellos, la policía es la institución vista como menos íntegra, con un 47% de respuestas señalando que "todos" o "una mayoría" de este colectivo son corruptos. Esto demuestra una preocupante falta de confianza en estos grupos del sector público que son vitales para la sociedad. Por el contrario, se percibe a los líderes religiosos como los menos corruptos; sin embargo, una cuarta parte de las personas en la región creen que también ellos son sumamente corruptos (25%).
Con respecto al desempeño de los gobiernos contra la corrupción, los ciudadanos de Venezuela son los más críticos con respecto a las acciones del gobierno para combatir la corrupción: más de tres cuartos del total opina que no está haciendo las cosas bien (76%). En Ecuador, Guatemala y Honduras los ciudadanos aprecian los esfuerzos que realizan sus gobiernos para enfrentar la corrupción: más de la mitad de los encuestados adjudica un buen desempeño a su gobierno (54%, cada uno).
Gráfico: Transparency International.
¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos?
En el informe se formula cuatro recomendaciones clave para fortalecer el sistema judicial y contribuir a que las personas puedan hablar libremente sin temor a represalias. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deberían adoptar las siguientes medidas:
- Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos.
- Además, se debe asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos y su nivel de satisfacción como usuarios.
- Se debe fortalecer a las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción, así como también fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializadas.
- Y, las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles.
Transparency International afirma que un sistema judicial sólido, honesto y transparente es fundamental para mantener el compromiso público contra la corrupción pues las personas desean ver que aquellos que estén involucrados en actos de corrupción reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre la población se sentirá más decepcionada con el sistema de gobernanza de su país y la energía que ponen en luchar contra la corrupción podría empezar a decaer.
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Last modified on 2018-12-12