La deuda es algo de lo cual se habla cada semana, su magnitud representa un gran problema para la economía nacional y para los decidores de política económica. Dentro de la Proforma General del Estado también se evidencia como un problema sin solución, tanto en 2019 como en la propuesta para 2020. Los gastos financieros en los cuales se debe incurrir son casi tan altos como las inversiones que se realizan en el desarrollo de infraestructura pública y otras necesidades básicas para el desarrollo económico y social.
Cada año, la entidad rectora de las finanzas públicas debe consolidar y publicar la Proforma General del Estado, con la finalidad de tener una noción de cuáles son los rubros en los cuales se desembolsan mayores cantidades de dinero, así como los organismos que reciben más fondos de acuerdo a las labores que realizan por el desarrollo de la economía y sociedad nacional.
En el tema Ecuador gasta más en deuda que en inversión publicado por esta revista hace unas semanas, se mostraron las cifras relacionadas con los gastos financieros establecidos en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2019. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publica las cuentas para 2020, en donde el presupuesto se consolida sobre los $ 35.498 millones, destacando una reducción presupuestaria general de 3,7% en comparación con el presupuesto codificado de 2019 ($ 36.863 millones). En términos absolutos el presupuesto se va a reducir en alrededor de $ 1.365 millones (Gráfico 1).
Gráfico 1
Presupuesto General del Estado 2009-2020
La merma del presupuesto corresponde al saneamiento de las cuentas fiscales, pues en los últimos años los egresos superaron ampliamente a los ingresos generando una situación permanente de déficit. Hoy el gobierno nacional se ha comprometido en estabilizar las arcas estatales hasta 2022. Se estima que para 2020 el principal rubro de gasto sea el destinado al pago de personal, con $ 8.897 millones anuales, seguido de los bienes y servicios de consumo, con $ 6.153 millones; los egresos financieros se posicionan como el tercer gasto más importante dentro de la estructura presupuestaria.
EN 2020 SE PREVÉ INVERTIR CASI LO QUE SE GASTA EN DEUDA
La cuenta de gastos financieros corresponde a los desembolsos monetarios que el gobierno nacional debe realizar para cubrir la deuda que mantiene que, como se sabe, supera los $ 51.000 millones –que representan alrededor de 45,3% del Producto Interno Bruto- y cada año tiene que pagar cifras superiores a los $ 3.000 millones. Por otro lado, la cuenta de inversión representa a aquellos gastos con los cuales el Estado construye infraestructura, como carreteras, edificios, plataformas, entre otros.
Del presupuesto codificado –ejecutado- a septiembre de 2019 se esclarece que $ 3.339 millones han sido ejecutados mediante la cuenta de gastos financieros, mientras que $ 3.405 millones en la cuenta de inversión, es decir, por cada dólar que se paga de la deuda, tan solo se destina a inversión $ 1,019. Para 2020 se espera que las inversiones alcancen los $ 3.908 millones y los gastos financieros incrementen hasta los $ 3.390 millones, es decir mejorar lo que se destina a la inversión y menos a deuda (Gráfico 2). Así como se va a tener un 2% más en gastos financieros que en 2019, las inversiones incrementarán en 15%; cabe recalcar que la Proforma solo establece directrices, que no significan el cumplimiento en su totalidad.
Gráfico 2
Gasto financiero vs. inversión 2019-2020
Finalmente, el rumbo del PGE podría cambiar si sucede algún shock positivo, como el incremento de los precios del petróleo que aportan a la expansión de la masa presupuestaria del Estado. Además, se debe tener en cuenta lo grande y predatoria que es la deuda que mantiene el Ecuador, pues si no existiera se podría duplicar la inversión y mejorar los sistemas de salud y educación, además de incrementar el número de empleados públicos en lugar de reducirlos.
La Proforma Presupuestaria deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional; misma que es capaz de hacer observaciones y proponer alternativas a la redistribución de los recursos de ingresos y gastos, sin alterar el monto del Presupuesto General. Una vez aprobada por los asambleístas, la Presidencia tiene un plazo de 10 días para aceptar o rechazar las observaciones, acoplándose a la propuesta original. Luego de esto, en un solo debate se debe conseguir dos tercios del Pleno para su aprobación, de lo contrario, entra en vigencia la Proforma Presupuestaria enviada, a la cual se la llamará Presupuesto Inicial Aprobado y entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020.
Por: Eduardo Cobos, redacción Revista GESTIÓN.
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Last modified on 2019-11-10