¿Es la justicia digital la bala de plata que puede plantar cara a los desafíos de los tribunales de América Latina? En muchos países de la región los sistemas de justicia cuentan con baja aprobación popular. Según el Latinobarómetro, alrededor de 30% de los latinoamericanos confía en los tribunales y cerca de 80% considera que en su interior existe algún nivel de corrupción. Esta persistente desconfianza en la justicia es el resultado de una mezcla de factores: sistemas saturados, insuficiente personal entrenado, sobrecarga procesal, y la obsolescencia de muchas de las normas y prácticas.
Por ejemplo, la saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara. Y eso tiene implicaciones más allá de los juzgados. El 44% de los presos en América Latina están en prisión preventiva a la espera de juicio. Si la tasa de encarcelamiento continúa su actual ritmo de crecimiento, para 2030 su costo podría aumentar más de $13 mil millones de dólares.
A pesar de la urgencia, en América Latina la entrada de la llamada “justicia digital” está siendo más lenta que la de otros sectores del Estado. Esto se debe a la complejidad del sector, la resistencia al cambio y, especialmente, a la sensibilidad de la información y la interacción de las distintas entidades implicadas –policía, fiscalías, juzgados, centros penitenciarios…
JUSTICIA DIGITAL: MUCHO MÁS QUE LA SIMPLE COMPRA DE TECNOLOGÍA
La introducción de soluciones de justicia digital debe ser entendida como una reforma comprehensiva, sistémica e integral que sobrepasa el elemento tecnológico. Se trata de un cambio institucional que involucra múltiples reformas normativas, organizacionales y culturales ante la adopción de nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la justicia se vuelva digital?
- Marcos legales que permitan la digitalización de la justicia. Muchos marcos legales se redactaron cuando todo se hacía en papel y las interacciones eran siempre entre humanos. Por ejemplo, no en pocas ocasiones las normas requieren específicamente firmas a mano, sellos, o el archivamiento físico de documentos y no dejan margen legal para adaptar el proceso a una realidad digitalizada. Si un país tiene un marco legal de estas características, para adoptar un sistema de justicia digital es necesario modificar las leyes mismas que regulan al sector justicia.
- Claridad normativa. Digitalizar procesos es como sacar una foto. Si la norma requiere pasos innecesarios, obliga a revisiones redundantes, o excluye a ciertos participantes… entonces la simple digitalización del proceso no va a resolver las ineficiencias del sistema. Para digitalizar la justicia, es necesario asegurarse que aquello que se está digitalizando primeramente ha sido optimizado.
- Autonomía de las instituciones que imparten justicia. La implementación de soluciones tecnológicas requiere la colaboración de todos los órganos que participan en la administración de justicia: Ministerio de Justicia, Consejo Judicial, juzgados, colegios de abogados, policía, centros penitenciarios… En la mayoría de los casos, estas instituciones son independientes entre sí y tienen distintos mandatos y formas de trabajo. Que todas ellas consigan acordar un flujo de trabajo coordinado e interoperable entre ellas es esencial para que un sistema de justicia digital llegue a buen puerto.
- Liderazgo para asignar roles alrededor del proyecto de digitalización. El apoyo político a las reformas institucionales siempre es necesario. Sin embargo, en los casos en los que la reforma afecta a múltiples ministerios y organismos públicos, -como es justicia digital-, el apoyo político es clave. Solo una instancia política tiene la capacidad de asignar roles y funciones a los distintos actores para optimizar el sistema de justicia digital.
EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN: UNA JUSTICIA INTELIGENTE Y MÁS JUSTA
Justicia digital son muchas cosas: va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales y los centros penitenciarios para evitar cuellos de botella y puntos ciegos. El impacto de estos nuevos mecanismos de justicia digital es alto:
- Mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos. La justicia mejora la velocidad y la calidad de la información que los jueces necesitan para tomar decisiones.
- Mejor acceso a los servicios de justicia en línea. Esto va desde la existencia de procesos digitales sin la intervención de un juez o abogado, hasta la celebración de audiencias y juicios virtuales. Este cambio supone una reducción importante de los costos de acceso a los servicios de justicia.
- Aumento de la transparencia. La digitalización de todos los procesos facilita el acceso transparente a los datos por las partes implicadas en un caso. Esto es una garantía adicional de imparcialidad de la Justicia, a la vez reducen las oportunidades de corrupción en las diferentes instancias procesales.
América Latina está haciendo un importante esfuerzo fiscal para mejorar el cumplimiento de la Ley: 5,4% del gasto público regional va destinado a inversión en seguridad ciudadana y justicia. Sin embargo, simplemente gastar no es suficiente. Algunos países como Chile han venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como Perú y Colombia, han priorizado en sus agendas recientes la digitalización de sus sistemas de justicia. Estos avances son muestra de que estamos ante una oportunidad de transformar la justicia, y con ello, mejorar las vidas de nuestros ciudadanos.
*Arnaldo Posadas es especialista senior en modernización del Estado del BID. Darinka Vásquez Jordan es consultora de Innovación en Gobierno en la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID. Cubre los temas de gobierno abierto, justicia digital e innovación para el Sector Público.
Este contenido fue publicado originalmente en: https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/justicia-digital/
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Last modified on 2019-06-05