La controvertida adjudicación del campo petrolero Singue, en la Amazonía, es la única investigación que se ha iniciado con base en un informe de la Contraloría General del Estado. El “potencial peculado” del que habló el fiscal Carlos Baca sería de $ 5,2 millones por la tarifa que paga el Estado por la producción de cada barril de petróleo. La diferencia es de poco más de un dólar por barril, que acumulado en tres años, entre 2013 y 2016, llega a esa millonaria cantidad. Jorge Glas, entonces ministro de Sectores Estratégicos, integró el comité de licitación que recomendó la firma del contrato a favor del consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Development Ecuador. El fiscal ha dicho que investiga a 21 personas en este proceso. Fuente: El Universo, 6 de agosto.
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