Reperfilamiento de la deuda no es un ahorro para el país

2020-02-26

Voces

Autor: Luis Fierro Carrión *

Si bien es cierto que el saldo de la deuda en bonos se redujo, el servicio de la deuda asociado a este bono se duplicará, aproximadamente. Nueve años adicionales de intereses, significará pagos adicionales de intereses por unos $ 1.088 millones (tomando en cuenta que el vencimiento ahora será en 2029 en lugar de 2020).

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un boletín titulado “La deuda externa del país se redujo en USD 50 millones”. El mismo explica que, mediante la colocación de $ 1.125 millones en bonos 2029, se había logrado recomprar bonos 2020 por $ 1.175,37 millones, con lo cual “el ‘stock’ de la deuda se redujo en USD 50,37 millones”.

También destaca el hecho de que la operación permitirá que en marzo 2020 no sea necesario pagar $ 1.500 millones, con lo cual la “presión sobre la caja fiscal se alivia” y será posible canalizar recursos hacia “proyectos de protección social”.

Si bien es cierto que el saldo de la deuda en bonos se redujo, el servicio de la deuda asociado a este bono se duplicará, aproximadamente. Nueve años adicionales de intereses, significará pagos adicionales de intereses por unos $ 1.088 millones (tomando en cuenta que el vencimiento ahora será en 2029 en lugar de 2020). El boletín, además, incurre en un error técnico, al afirmar que se redujo el cupón (que se mantuvo en 10,75%), cuando en realidad lo que bajó fue el rendimiento efectivo a 9,85% (dado que los bonos 2029 se vendieron con un premio).

De cualquier manera, en marzo de 2020 se tendrá que cancelar el saldo remanente de los bonos 2020 ($ 325 millones), y los intereses de la nueva emisión de bonos 2029 ($ 120 millones). Esto constituirá un alivio ligero a la caja fiscal, pero a costa de “patear la lata” hacia adelante, para que el Gobierno que esté en funciones en 2029 encare dicho pago.

Dado que el monto que no se tendrá que pagar en 2020 solo se redujo en unos $ 1.055 millones (descontando el saldo remanente y el pago de intereses), no luce imposible que el Gobierno hubiese podido efectuar el pago, evitando así al país una década de pago de intereses a una tasa onerosa. Dado que el país está recibiendo miles de millones en préstamos a tasas concesionales (del FMI, Banco Mundial, BID, CAF, Banco Europeo de Inversiones, AFD, etc.), no sería inviable que se hubiese podido reducir en $ 1.500 millones el saldo de la deuda en bonos.

SIGUE EL ENDEUDAMIENTO AGRESIVO

Toda esta situación es la consecuencia del sobreendeudamiento generado durante el régimen de Rafael Correa, el cual continuó durante el actual Gobierno (la deuda pública alcanzó los $ 51,2 mil millones en marzo 2019, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas).

Ya en agosto 2014, María Gabriela Vivero y yo habíamos advertido que el gobierno de Correa estaba volviendo al endeudamiento agresivo, señalando que “La reciente ola de endeudamiento se da pese a que las dos principales fuentes de financiamiento, las ventas petroleras y las recaudaciones de impuestos, se hallan en su mejor momento”. (https://revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/242_002.pdf). Posteriormente, con la caída del precio internacional del petróleo, el endeudamiento se aceleraría.

En el artículo decíamos que “la acumulación de déficits fiscales es la razón de fondo del endeudamiento. Dicho de otra forma, el Gobierno se endeuda porque gasta más de lo que recibe”; el déficit del gobierno central alcanzo a 5,8 % del PIB en 2013, pese a los elevados ingresos fiscales.

Decíamos que para junio 2014 la deuda externa pública había alcanzado unos $ 19 mil millones, si se incluían las preventas de petróleo y otros rubros que no se reflejaban en las estadísticas oficiales (según el Ministerio, para junio 2014 el saldo de la deuda externa pública era de $ 15.163 millones, a los cuales debían sumarse $11.295 millones de deuda pública interna, para un total de $26.459 millones) (https://bit.ly/2ZDcm4v ).

En el Grafico 1 aparece la evolución de la deuda pública entre 2009 y marzo 2019. La deuda externa pública ha pasado de $ 7.329 millones en diciembre 2009 a $ 37.080 millones en marzo 2019 (11,8 % del PIB en 2009 y 32,8 % del PIB en marzo 2019). La deuda pública interna, por su parte, aumentó de $ 2.842 millones en 2009 a $ 14.134 millones en marzo 2019 (6,7% del PIB en 2009 y 12,5% del PIB en 2019). La deuda pública total aumentó de 16,4% del PIB en diciembre 2009 a 45,3 % del PIB en marzo 2019. Se puede observar una aceleración del endeudamiento en el periodo 2014-18.

Gráfico 1

Evolución de la deuda pública entre 2009 y 2019

Cabe anotar que el Ministerio de Finanzas se encuentra trabajando en una nueva metodología, según la cual la deuda pública ya habría alcanzado $ 55.605 millones (49,1% del PIB). En este nuevo monto estarían incluidas las preventas petroleras ($ 284 millones), los pasivos intangibles ($ 724,9 millones), y el reconocimiento de una mayor deuda del Estado hacia el IESS. El pasivo intangible refleja la deuda que existe con la petrolera Schlumberger en una operación de financiamiento del campo Auca.

No obstante, no se ha actualizado el boletín de deuda pública del ministerio para reflejar la nueva metodología. En el boletín de marzo, se indicaba que existían “Otras Obligaciones” por un total de $ 10.962 millones, monto que incluía CETES ($ 3.524 millones), venta anticipada de petróleo ($ 384 millones), pasivos corrientes de Petroamazonas ($ 2.293 millones), pasivos con Schlumberger ($ 733 millones), entre otros rubros. Con el cambio metodológico, se entiende que algunos de estos rubros habrían pasado a considerarse parte de la deuda pública.

Otro factor a considerar es que el gobierno de Correa recurrió a créditos caros: bonos que alcanzaron un cupón de hasta 10,75% anual; préstamos de la China con intereses que fluctuaban entre 7 y 10%; mientras que el actual Gobierno ha privilegiado préstamos concesionales de los organismos multilaterales.

Según Jaime Carrera, el pago de intereses de la deuda pública en el Presupuesto del Estado aumento de $ 1.397 millones en 2014 a $ 3.500 millones en 2019 (incluyendo la amortización de la deuda, se alcanza $ 8.000 millones). El pago de los intereses por la deuda externa pública, en los mismos años, aumento de $ 715 millones a $ 2.500 millones (https://bit.ly/2NcRXlx).

El Programa de Ajuste del Ecuador con el FMI contempla que el país recibirá financiamiento del FMI, el Banco Mundial, el BID, y otros organismos multilaterales en términos concesionales, a cambio el país deberá efectuar ajustes fiscales y reformas económicas.[1]

En el Programa de Ajuste (que, al contrario de lo que afirman algunos, no es secreto ni oculto, estuvo publicado en el sitio web del FMI desde el inicio, https://bit.ly/2Fvm3Lb), se establecen algunas políticas y reformas que buscan:

Reducir el gasto público
Aumentar la recaudación tributaria
Establecer un mejor sistema para fijar prioridades en el gasto e inversión públicos
Esfuerzos para aumentar la transparencia y combatir la corrupción
Promover asociaciones público-privadas, y concesiones al sector privado, lo cual podría permitir la inversión en infraestructura sin requerir recursos públicos.

Con estas medidas, se espera reducir el déficit primario no-petrolero en 5% del PIB (alcanzando el equilibrio fiscal), y con ello comenzar a reducir la deuda pública, volviendo a estar por debajo del límite legal del 40 % del PIB en el 2023.

El programa con el FMI contempla un crédito de Servicio Ampliado de tres años por el equivalente a $ 4.209 millones, mediante desembolsos trimestrales sujetos a la revisión del desempeño por parte del Directorio del FMI. El programa con el FMI también permitiría la concesión de préstamos de reforma de políticas por parte del Banco Mundial y el BID, así como créditos adicionales por parte de estas instituciones, la CAF, el FLAR, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para un total previsto de $ 10,2 mil millones en el periodo 2019-21.

Si bien, como ya se mencionó, estos préstamos son intereses mucho más bajos (por lo general, inferiores a 4% anual), solo se alcanzará una reducción sustantiva del saldo de la deuda, y del servicio de la deuda, si es que se comienzan a pagar los bonos y otros préstamos caros existentes, en lugar de “patear la lata” hacia adelante. Y peor si se siguen contratando créditos caros y poco transparentes como la mención que se ha hecho de un préstamo de $ 1.500 millones de la sucursal de PTT Tailandia en Singapur.

Esto permitirá alcanzar una de las metas del Programa de Ajuste, que es reducir la deuda pública total de 49,2% del PIB en 2019 a 36,6 % del PIB en 2023. En términos nominales, la deuda pública debería bajar a $ 43.383 millones en 2023.

Al mejorar la posición externa del Ecuador, reducir la deuda externa, aumentar las reservas, y mejorar la gestión del Banco Central, la dolarización de la economía se fortalecerá con el Programa de Ajuste (al contrario de lo que afirman ciertos economistas “heterodoxos”). Pero hay fuertes riesgos: nueva caída del precio del petróleo, aumento en el tipo de cambio real por apreciación del dólar, mayor turbulencia política y social en el Ecuador que dificulte o impida avanzar en los ajustes económicos.

(*) Economista de la PUCE, posgrados de la Universidad de Oregon y la Universidad de Texas en Austin. Fue funcionario del BID de 1997 a 2013, y representante del Ecuador ante el FMI en 2006. Asesor en temas de financiamiento climático y para el desarrollo. Opiniones personales, no reflejan las de institución alguna.

[1] Más detalles sobre el Programa de Ajuste en mi artículo en Revista Gestión, https://revistagestion.ec/index.php/economia-y-finanzas-analisis/ni-desdolarizacion-ni-prosperidad-programa-de-ajuste-del-ecuador-con