A raíz de las mesas de diálogo, las organizaciones indígenas como la Fenocin esperaban una condonación de deudas hasta $ 10.000; no obstante, el Gobierno señala que este mecanismo no es viable ya que desfalcaría a BanEcuador. Este argumento es controversial y enfrenta posiciones de quienes, por un lado, afirman que la banca pública cuenta con los recursos para la condonación de los fondos declarados irrecuperables, y del Gobierno que, desde la otra orilla, asegura que condonar sería “condenar” a los pequeños productores y emprendedores a no ser sujetos de crédito nunca más.
LA CONDONACIÓN DE DEUDAS NO AFECTARÍA ÚNICAMENTE A LOS BANCOS
Actualmente, existe una gran tensión entre el Ejecutivo y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) debido a que esta organización social considera que se han incumplido los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo tras las manifestaciones de junio.
En ellas se llegó a un acuerdo en el ámbito de banca pública y privada acerca del artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, la cual entró en vigencia en noviembre de 2021, es decir, una ley propuesta por el Gobierno mucho antes de las movilizaciones indígenas.
Este artículo señala que se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta US$ 10.000 de capital, más sus intereses y otros costos y comisiones y que sean considerados irrecuperables. Si bien el Estado ya ha iniciado los procesos de condonación de deudas de hasta $ 3.000, recientemente declaró que sería financieramente inviable condonar deudas entre $ 3.001 y $ 10.000 porque supondría un impacto muy grande para la banca pública.
El Ejecutivo argumenta que la ley es facultativa y no existe la obligación de condonar este tipo de deudas. Es decir, hasta los $ 3.000 es posible, mientras que las deudas que sobrepasan ese monto deben ser sometidas a una evaluación para su factibilidad de condonación.
A su vez destaca que, si bien no es posible aplicar este mecanismo porque implica un costo de $ 190 millones, el Gobierno sí ha cumplido con el resto de acuerdos de las mesas de diálogo, ya que ha reestructurado 33.145 operaciones en la banca pública y privada, que ascienden a $ 226,42 millones y ha condonado ya las deudas de hasta $ 3.000, lo cual supone un impacto de US$ 58,86 millones a la banca pública, y ha entregado US$ 159,15 millones a cooperativas a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) (Gráfico 1).
Gráfico 1
Operaciones de la banca pública y su impacto monetario
Según el Ministro de Economía, Pablo Arosemena, aparte del daño que esta condonación le haría a la banca pública, se estaría afectando directamente a los emprendedores que se acojan a ella, pues se los declara insolventes y dejan de ser sujetos de crédito. De allí que la propuesta es generar alternativas de reprogramación y alivios financieros que les permitan seguir operando, como un mayor periodo de gracia y un mejoramiento del perfil crediticio.
¿PODRÍA EL GOBIERNO IR MÁS ALLÁ EN LA CONDONACIÓN DE DEUDAS?
No obstante, Wilma Salgado, asesora de la Fenocin en la mesa de diálogo sobre banca pública y privada, cree que esta condonación no impactaría en gran magnitud a BanEcuador, pues son préstamos que ya se declararon irrecuperables y este, como todos los bancos, tiene la obligación de establecer y provisionar una cuenta para créditos irrecuperables con el fin de cubrir los riesgos de las deudas. Así lo explicó en una entrevista con Pichincha Universal.
En otras palabras, ese monto ya estaría provisionado y no se requeriría de recursos adicionales. En específico, el estado de situación financiera de BanEcuador a septiembre de 2022 refleja un monto de $ 339 millones en la cuenta de provisiones para créditos incobrables, no obstante, cabe aclarar que no es saludable para un banco quedarse sin esta provisión para operaciones futuras.
Salgado afirma que esta condonación supondría una política pública para la recuperación tras la pandemia de un sector que no ha sido atendido, como son los pequeños y medianos productores, pescadores, campesinos, artesanos, entre otros; muchos de los cuales han quebrado y les ha sido imposible cumplir con sus obligaciones financieras, mientras que –a decir de Salgado- “los grandes grupos económicos sí se han visto beneficiados de exoneraciones e incentivos tributarios que ascienden a un monto de más de $ 6.000 millones y se concentran mayoritariamente en el 10% más rico de los beneficiarios”.
De esta manera –argumenta- que si la preocupación del Gobierno es tener que recapitalizar la banca pública tras la condonación a los pequeños productores, esos recursos se podrían obtener al cobrar únicamente a los tres mayores deudores al SRI: Exportadora Bananera Noboa, con US$ 85,64 millones de deudas en firme; Liquors Cía. Ltda., con US$ 56,03 millones, y Bonanza Fruit Co. S.A., con US$ 45,23 millones (Gráfico 2).
Gráfico 2
Contribuyentes con mayores montos de deuda al SRI (noviembre 2022)
En definitiva, Salgado señala que si BanEcuador no tiene la suficiente solvencia para hacer frente a las condonaciones, la responsabilidad recae en el propio Gobierno al dictar una ley que abría las puertas a este mecanismo y al comprometerse en las mesas de diálogo.
¿POR QUÉ ES VITAL EL FORTALECIMIENTO DE LA BANCA PÚBLICA?
La intervención de los Estados en la economía se hace necesaria por la existencia de fallas de mercado, y el sector financiero y bancario no es la excepción, debido a que existe el problema de exclusión de prestatarios por parte de la banca privada, y la preferencia por las operaciones crediticias de corto plazo sobre aquellas de largo plazo que promueven el desarrollo social.
Consecuentemente, el Banco Central establece como objetivos de la banca pública mitigar las fallas de mercado que surgen debido a la información asimétrica, financiar proyectos con valor social y a sectores con dificultades de acceso al crédito, así como facilitar el acceso a los servicios financieros a la totalidad de la población, pues al igual que las empresas públicas, los bancos de propiedad estatal no deben ser juzgados únicamente a través de la maximización de su rentabilidad, sino por el efecto que tienen al incrementar el nivel de desarrollo socioeconómico.
Así, la banca pública se enfoca especialmente en otorgar créditos a sectores no atendidos por la banca tradicional, como el microcrédito, y en una amplia gama de ramas de actividad, como la agricultura, la cual no siempre genera beneficios o lucro debido a los altos riesgos que conlleva su vulnerabilidad frente a cambios climáticos y las condiciones del mercado internacional.
Precisamente, esa fue la rama de actividad más atendida por BanEcuador en 2021, con más de 20 mil operaciones y el 33,70% del total de la participación de créditos entre enero y diciembre, seguida de la actividad pecuaria, con 30,78%, y el comercio, con 11,20% (Gráfico 3).
Gráfico 3
Destino de los créditos originales en BanEcuador (2021)
Se puede observar que el crédito de las instituciones públicas tiene un impacto positivo en la economía, debido a que se orienta al financiamiento de las actividades que promueven la productividad, competitividad y el empleo, siendo la agricultura la segunda rama de actividad que mayor empleo genera actualmente, con 33,1%. Se destaca a su vez la importancia de la inclusión financiera en cuanto al enfoque hacia los sectores productivos de bajos ingresos que generan sistemas de autosustentación, propiciando el empleo de mano de obra no calificada, y reduciendo los índices de desocupación.
Adicionalmente, la banca pública juega un rol fundamental las crisis económicas, ya que permite medidas contracíclicas cuando existe una desaceleración de la economía y de los créditos otorgados por el sistema financiero nacional. Es decir, puede aumentar los niveles de inyección de liquidez a pesar de que las condiciones de mercado no maximicen la rentabilidad.
No obstante, los alcances de la banca pública y de desarrollo se ven limitados por la fragilidad de los mercados a los que está vinculada; así, los niveles de morosidad de la banca pública se encuentran muy por encima de los de la banca privada y sus instituciones no siempre poseen ganancias. Este es el caso del BanEcuador, que reportó una pérdida de $ 23,53 millones en su ejercicio fiscal de 2021.
Se debe recalcar que esta banca no es de beneficencia, por lo tanto, no debería conceder créditos que pudieran ser irrecuperables. Debido a esto, la Constitución establece como necesaria una supervisión y regulación del sistema financiero que permita prevenir situaciones de crisis y tener alertas tempranas para reaccionar adecuadamente frente a estos escenarios, haciendo énfasis en la banca pública como fuente alternativa de crédito y el reconocimiento del sector financiero popular y solidario.
En conclusión, una condonación puede generar incentivos para que los prestatarios no cancelen sus deudas en un futuro, por lo que la promulgación de esta ley en 2021 supuso un mecanismo de riesgo moral para los ciudadanos mermando las capacidades de la banca pública en el mediano y largo plazo.
Pese a que los bancos de desarrollo no tienen como objetivo la maximización de beneficios, deberían reflejar una visión de largo plazo, buscando la rentabilidad de sus operaciones para seguir apoyando los sectores excluidos por la banca comercial. Es decir, que no se generen pérdidas para que el Estado no necesite fondear a estas instituciones, por lo que, además de proporcionar facilidades de pago a los clientes, se necesitan intervenciones integrales en la productividad de los mismos a través de una mayor capacitación económica.
(*) Jorge Pérez, analista económico Revista Gestión.
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Last modified on 2022-12-05