Entre tanta incertidumbre e inestabilidad política, además de la amenaza latente de movilizaciones sociales, el gobierno de Guillermo Lasso pretende calmar las aguas aumentando el gasto social y la obra pública. Pero al menos dos dudas surgen al respecto. La primera es por qué después de tanto tiempo recién se plantea un cambio de dirección y, segundo, qué tan factible es hacerlo debido al limitado presupuesto disponible.
EL AJUSTE ERA NECESARIO, PERO PUDO SER MÁS FLEXIBLE
El mal manejo fiscal de administraciones anteriores todavía deja secuelas en la economía de Ecuador. Entre 2013 y 2017, los gastos superaron a los ingresos en alrededor de $ 8.000 millones anuales. La acumulación de déficits se vio reflejada en el crecimiento del endeudamiento público. A partir de la dolarización, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue cayendo, pero a partir de 2009 dio un giro de 180 grados.
Lasso asumió la Presidencia en medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Desde el inicio, uno de los objetivos del nuevo Gobierno fue corregir el desequilibrio de las finanzas públicas. Los resultados de la consolidación fiscal fueron casi inmediatos: la deuda pública bajó ocho puntos porcentuales, de 64% a 56% del PIB entre 2021 y 2022. Según el Banco Mundial, Ecuador fue el país con mejores resultados presupuestarios en la región el año pasado.
Sin embargo, pese a lograr superávit fiscal, el país tiene el menor crecimiento entre las economías sudamericanas. Tomando el 2019 como año base, se observa que Ecuador va por detrás de todos sus vecinos (Gráfico 3). Además, es el último país en superar los niveles pre pandemia. Colombia, Paraguay, Chile y Uruguay lo hicieron en 2021.
Colombia muestra el mejor desempeño de la región; el promedio de crecimiento entre 2020 y 2023 sería de 3,3%. Le sigue Paraguay, con un 2,1%, y Argentina y Perú, con una tasa de 1,9%. En el caso de Ecuador, el crecimiento apenas sería de 0,6%. No está de más recordar que el PIB regional experimentó una caída de 6,8% en 2020, representando la mayor contracción económica desde inicios del siglo pasado. Los impactos de la crisis se vieron reflejados en los principales indicadores económicos, especialmente en el empleo y la caída de los ingresos laborales, que a su vez resultó en un gran salto en los niveles de pobreza.
Ante la gravedad de la situación, los países de la región adoptaron rápidamente una serie de medidas fiscales expansivas para atenuar los impactos sociales, productivos y económicos de la pandemia. En general, los gobiernos centrales implementaron programas de gasto público de amplio alcance, fundamentalmente subsidios y transferencias monetarias, dirigidos a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva doméstica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), como consecuencia directa se registraron tasas inéditas de crecimiento interanual del gasto público. Este se vio incrementado en todos los países, excepto en el caso de Ecuador donde decreció un 0,7% del PIB (Gráfico 2).
El bajo registro se explica por la caída de los ingresos públicos, especialmente de los recursos tributarios. La variedad de medidas de confinamiento y restricción de la movilidad de las personas tuvieron un impacto altamente recesivo para la actividad económica.
En consecuencia, se contrajo el consumo privado, los ingresos de las personas y las utilidades de las empresas, lo que terminó socavando la recaudación tributaria. El desplome del precio del petróleo también afectó los ingresos fiscales. La rápida recuperación económica de nuestros vecinos responde en gran medida a las políticas fiscales expansivas adoptadas. Ecuador posiblemente no estaría al final de la fila si se relajaba un poco el ajuste.
UN CAMBIO DE DIRECCIÓN
Entre el 13 y 30 de junio de 2022, la economía ecuatoriana fue afectada por movilizaciones a nivel nacional que ocasionaron una interrupción de las actividades cotidianas y productivas, las cuales generaron pérdidas por $ 1.115 millones. El paro nacional fue la gota que derramó el vaso, en menos de una semana Lasso anunció una renovación parcial de sus ministros y secretarios. El Gobierno ha recalcado que destinarán alrededor de $ 2.000 millones adicionales en los presupuestos del frente social (educación, salud, inclusión económica y social, entre otros). También mencionaron la inversión de $ 1.000 millones en infraestructura vial.
Dentro del gasto social hay dos categorías que muestran una disminución presupuestal. El gasto en salud cayó 2,8% o el equivalente a $ 88 millones entre 2021 y 2022. Por su parte, el gasto en bienestar social disminuyó en $ 3 millones. A pesar de esta caída, el monto total de gasto social aumentó y la eficiencia del gasto también, ya que el porcentaje de ejecución pasó de 93,4% a 96,6%. Esto muestra el nuevo rumbo que empezó en el segundo semestre con Arosemena. No obstante, la derrota en el referendo, los escándalos de corrupción y el juicio político confirman el cambio de dirección del Gobierno para intentar llegar a 2025. El mensaje es claro: las autoridades prometen aumentar el gasto social y la obra pública
¿ES FACTIBLE HACERLO?
Desde lo legal está permitido, pero tiene un límite. El Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establece que “el ente rector de las finanzas públicas podrá realizar modificaciones presupuestarias para aumentar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el PGE hasta por un total del 5% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional”.
Por ejemplo, el año pasado, el presupuesto codificado ascendió a $ 35.570 millones, las modificaciones presupuestarias realizadas en el PGE durante 2022 ascendieron a $ 1.671 millones, cifra que representa un incremento de 4,93%, cumpliendo lo que dispone la normativa legal vigente.
La frase “de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno” calza perfecto en este momento. El Gobierno puede tener la mejor voluntad para incrementar el gasto, pero si los ingresos no lo acompañan será imposible lograrlo. La principal fuente de ingresos (tributos) tuvo un flojo desempeño entre enero y febrero, la recaudación sumó $ 2.322 millones, un 2% menos que en el primer bimestre de 2022. La cifra también es inferior al nivel de pre pandemia (Gráfico 3).
Tampoco hay que quitarle el ojo al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) cuya tasa va a seguir disminuyendo hasta 2% en 2024. Si bien se puede debatir sobre el nivel óptimo de ISD, lo cierto es que reducirlo requiere identificar fuentes alternativas y permanentes de financiamiento, ya que luego del IVA y Renta es el impuesto de mayor recaudación. Según los cálculos del MEF, en 2023 el impacto en la recaudación sería de $ 106 millones y de $ 447 millones en 2024.
Asimismo, los ingresos petroleros tampoco tienen perspectiva de mejora, ya que la producción nacional sigue estancada en 2022, pues el bombeo de crudo promedió los 480.000 barriles diarios (Gráfico 4). Una de las promesas de Lasso fue duplicar la producción petrolera hasta el millón de barriles al término de 2025. Hoy es una utopía, una meta más realista sería recuperar el nivel de los 500.000 barriles diarios y aprovechar los precios que ya van en declive.
La tarea del Ministerio de Finanzas no es nada sencilla, deberá ponerse creativo para incrementar los ingresos y optimizar el gasto, de modo que tenga espacio para invertir en obra pública y gasto social, de tal manera que el gran esfuerzo de consolidación fiscal no termine en el tacho de la basura.
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Last modified on 2023-03-15