Las urbes son claves para el desarrollo eficiente y equitativo del país. Para 2017, los centros urbanos concentraban ya el 80% de la población de los países de la región y generaban casi el 66% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el Caribe, no obstante, gestionar las ciudades y su crecimiento es un tema que no se discute en gran medida. El auge de los barrios privados y la persistencia de tugurios y barrios informales hacen que las desigualdades se intensifiquen, mientras que los gobiernos no han podido diagnosticar ni abordar estas problemáticas, llegando incluso a acentuar la pobreza y marginalización, como el caso de Socio Vivienda en Guayaquil. Hoy en Ecuador somos, además, 18 millones.
LA CIUDAD LATINOAMERICANA ES MUY INEQUITATIVA
La CEPAL (2017) indica que el diseño de las ciudades en América latina está predominado por una centralidad muy fuerte en donde se concentran los mayores nodos económicos y sociales; y una periferia bastante marginalizada en grandes fracciones, lo que provoca una polarización marcada entre barrios de clase alta y de clase baja.
De esta manera, la urbanización dentro de Latinoamérica contribuye a la perpetuación de las desigualdades a través de dos procesos principales:
- El auge de los barrios cerrados y el aislamiento de la clase alta dentro de conjuntos privados.
- Urbanización marginal de la clase baja, la cual usualmente está obligada (tanto por razones económicas como por imposición) a asentarse en la periferia de la ciudad, sin los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo de una vida digna.
¿POR QUÉ LA GENTE PREFIERE VIVIR EN BARRIOS PRIVADOS?
El incremento marcado en el número de barrios privados se ve explicado desde el lado de la oferta, ya que el mercado inmobiliario lo promueve como un estilo alternativo de vida, donde la sensación de seguridad que provee el hecho de estar aislado del resto de la ciudad, el servicio de vigilancia y el entorno de vida socialmente homogéneo de la población dentro del conjunto privado pretenden atraer la demanda de las clases medias y altas al ofrecer estos servicios extras. A su vez, resulta una estrategia más rentable que la venta de terrenos por separado debido a los costos decrecientes en la construcción.
Desde el lado de la demanda, no obstante, la inseguridad latente y la incapacidad de la gestión estatal/municipal para crear un diseño urbano apropiado para la reproducción social urbana hacen que cada vez más ciudadanos busquen una organización privada y un vecindario eficiente que les provea de los servicios que antes eran públicos o que lo siguen siendo, pero no tienen la calidad necesaria para el estilo de vida ansiado.
Sin embargo, esto es algo que favorece únicamente a los sectores de altos ingresos, mientras que los barrios marginales y los sectores populares se ven vulnerables ante la inseguridad y la falta de oportunidades en ciudades cada vez más fragmentadas.
En el caso de Quito se puede apreciar cómo en las últimas décadas la tendencia a habitar en las zonas centrales de la ciudad ha ido disminuyendo (Gráfico 1), en favor de reubicarse en áreas más aisladas. Consecuentemente, más del 50% de los ciudadanos no habita en la ciudad consolidada, es decir, dentro de las zonas administrativas Eloy Alfaro, al sur de Quito; Manuela Sáenz, en el Centro, y Eugenio Espejo, en el norte.
Gráfico 1
Porcentaje de aumento/disminución poblacional por zona administrativa en Quito (2001-2010)
VIVIENDAS INFORMALES Y TUGURIOS, LA CARA OCULTA DE LA CIUDAD
Un proceso paralelo en la construcción del hábitat urbano se constituye a través de la urbanización marginal, predominantemente informal, la cual lleva al incremento de personas viviendo en tugurios dentro de las ciudades latinoamericanas, especialmente en sus periferias y zonas deterioradas.
Según el BID, para 2016 los barrios informales, con insuficiente infraestructura urbana para la provisión de agua y saneamiento, daban residencia a 86 millones de hogares, es decir, el 25% de la población urbana en Latinoamérica y el Caribe, lo que trae problemas ulteriores, como el hacinamiento y las enfermedades por falta de servicios básicos.
Para Quito, el porcentaje de déficit cualitativo (viviendas que deben ser mejoradas mediante reparaciones) supera en gran manera al déficit de vivienda cuantitativo (vivienda con condiciones irrecuperables) con 6,7% frente a 1,1%, mientras que el hacinamiento llega al 2,9% (Gráfico 2).
Gráfico 2
Clasificación del déficit de vivienda en Quito
No obstante, a menudo se vincula erróneamente la marginalidad de los asentamientos con la gente que vive en ellos, y se tiende a estigmatizar a sus habitantes como violentos e ingobernables, resultando en que se vean tratados como ciudadanos de segunda clase e intensificando así la exclusión que ya sufren a diario. Tanto el Estado como la sociedad han fallado en reconocer las potencialidades y las contribuciones económicas y culturales de los barrios informales a las ciudades.
UNA PLANIFICACIÓN HABITACIONAL SESGADA INTENSIFICA LA DESIGUALDAD
La experiencia de la Isla Trinitaria en Guayaquil muestra dos realidades distintas en la manera en que se enfrentan las problemáticas que conllevan los asentamientos marginales. Esta populosa zona de la ciudad presenta una estructura de población urbana proveniente mayoritariamente a partir de asentamientos irregulares a orillas del Estero Salado realizados desde los años 70 como producto de migraciones internas desde diferentes provincias de la Costa ecuatoriana, especialmente de grupos afroecuatorianos.
A día de hoy sigue siendo considerada una de las zonas más precarias de la ciudad, sin embargo, sus habitantes se han organizado para salir adelante a través del fortalecimiento de los lazos comunitarios. En efecto, diversas organizaciones sociales, como la Agrupación Afroecuatoriana de Mujeres Progresistas, proveen de capital social a los barrios de la zona en su lucha contra la pobreza, el racismo y la segregación. Con este propósito, desde su fundación en 1999 se han logrado crear programas de alfabetización, cajas de crédito, emprendimientos sociales e iniciativas en contra de la violencia de género dentro de la comunidad, llegando así a potenciar sus condiciones de vida alrededor de la gestión social de hábitat.
Está claro que existen todavía brechas muy grandes entre la calidad de vida deseable y la situación del sector, no obstante, es notable el esfuerzo que han hecho las diferentes organizaciones sociales y barriales en busca de transformar su territorio y prosperar.
La otra cara de la moneda es la acción del gobierno central, el cual, a raíz de la iniciativa Guayaquil Ecológico en 2015, desalojó a decenas de familias ubicadas en la ribera del estero para reubicarlas en un plan habitacional al noroeste de la ciudad. Esto con el objetivo de rescatar el Estero Salado del daño ambiental producido, evitar futuros desastres ambientales, reforestar la zona y construir un malecón.
A partir de ello, se han generado múltiples procesos que han mermado la situación de vida de los moradores. El primero tiene que ver con el modo en el que fueron desalojados, de forma forzosa y repentina para muchas familias, las cuales no tuvieron participación dentro del proceso de reubicación y quedaron en la intemperie por varios días. El segundo tiene que ver con la destrucción del tejido social y el sentido de comunidad que se había generado al reubicar a las familias lejos de su barrio.
Frecuentemente, este tipo de población depende de las redes de apoyo formadas entre vecinos y los servicios culturales y recreativos que brinda el barrio del que son parte; de acuerdo al informe de uno de los emprendimientos sociales de la zona (África Mía), esta división territorial ha provocado la separación de los procesos comunitarios del sector, generando la división territorial de las personas que formaban parte de la comunidad.
A su vez, el resultado de la reubicación en el plan habitacional Socio Vivienda, en el otro extremo de la ciudad, hizo que los problemas de delincuencia y violencia, que muchos ya sufrían antes de ser reubicados, se intensifiquen. El hecho de que se los haya reubicado en un espacio predominantemente monofuncional (solo cumple la función de residencia), tan apartado del centro productivo y social de la ciudad y sin programas sociales y culturales que respalden a la ciudadanía (especialmente a niños y adolescentes) para que se puedan generar un tejido social y económico de cooperación, genera condiciones para que el territorio sea tomado por grupos delictivos y sea sometido al tráfico y consumo de droga.
Es por esto que varias personas desalojadas prefieren pagar por el alquiler de viviendas en el mismo sector de la Isla Trinitaria, antes que trasladarse al otro extremo de la ciudad. Así, Socio Vivienda es un claro ejemplo de las limitaciones y el fallo que tiene la visión reduccionista del Estado de únicamente abordar la problemática de los barrios marginales solamente como un déficit de vivienda, ignorando las iniciativas existentes de hábitat en las comunidades informales y sus procesos autoimpulsados en la gestión social del barrio.
En definitiva, el diseño urbano puede resultar útil para disminuir los efectos negativos en el nivel de vida de las clases medias y bajas, ya que este no solo está determinado por el nivel monetario de la población, sino también por la calidad de los servicios urbanos, el buen manejo del tiempo y el modo en el que los ciudadanos interactúan con su entorno.
(*) Jorge Pérez, analista económico Revista Gestión.
Si va a hacer uso de este artículo, por favor cite la fuente original. Artículo de información (I).
Encuentre contenido relacionado en nuestro archivo histórico:
La tasa de embarazos infantiles solo crece, a vista y paciencia del Estado
¿Por qué necesitamos Ministerios de la Mujer?
En Ecuador, la deuda de las empresas con el ambiente es enorme
El ecuatoriano lee apenas un libro al año, y la pandemia empeoró las cosas
Last modified on 2022-07-22