Después de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso, no solo se espera que en agosto 2023 que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y legislativas, sino también la Consulta Popular sobre el Yasuní. Tras 10 años de recolección de firmas por parte del colectivo Yasunidos, la Corte Constitucional de Ecuador ha emitido una sentencia que da luz verde a una consulta popular que busca proteger de la explotación petrolera a una de las mayores reservas de biosfera del planeta ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana.
La pregunta que los ecuatorianos deberán responder es: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
Desde una perspectiva netamente económica, se esperarían pérdidas millonarias si se decide dejar el petróleo bajo tierra, dado que el Bloque 43 representa aproximadamente el 11,45% de la producción petrolera de Ecuador, que se estima en alrededor de 480.000 barriles de crudo diarios.
De hecho, la empresa estatal Petroecuador, en su informe anual de gestión, indicó posibles pérdidas anuales de USD 16.470 millones considerando el valor del petróleo que permanecería sin ser extraído, así como el valor de las inversiones realizadas, los costos de cierre de instalaciones y las pérdidas de empleo.
No obstante, se trata de un tema que requiere reflexión, sin dejar de lado ninguno de los pilares: económico, social y ambiental.
Los derrames de crudo son comunes y constantes. Medios de comunicación reportaron 1.213 incidentes de vertidos de petróleo en Ecuador desde 2012 hasta mayo de 2021. Esto implica que, en promedio, se producen alrededor de 10 derrames mensuales en el país, siendo 2016 el año donde se tuvo mayores derrames de petróleo (248) (Gráfico 1). Dichos sucesos impactan de manera negativa en todo el ecosistema, contaminando distintas fuentes de agua, la flora y fauna, las actividades cotidianas de las comunidades cercanas, etc.
Gráfica 1
Derrames de crudo
Por ello, vale la pena considerar no solo los costos económicos, sino también los sociales y ambientales en el próximo agosto.
(*) Elaborado por Camila Marcayata, analista económica Revista Gestión.
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Last modified on 2023-06-14