El viceministro de Economía, Fabián Carrillo, dijo a GESTIÓN que el objetivo central del Gobierno es corregir los problemas financieros estructurales que dejó la administración anterior. Asimismo, prevé que el déficit final de 2018 no será mayor a $ -4.200 millones. Aunque evita mencionar las fuentes de financiamiento para este año, reconoce que el país está abierto a todas las opciones que le permitan estabilizar sus finanzas. Para Carrillo, la economía necesita gradualidad, pues “no se puede corregir en dos años los desequilibrios ocasionados en una década”.
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¿Qué variables influyen en el crecimiento de 2018 y 2019 y en qué nivel se dará?
En 2018 el crecimiento se sustentó en el consumo de los hogares, el aumento de las ventas, el crecimiento de las exportaciones y también el hecho de que subió la inversión privada y esto se estaría reflejando en la formación bruta de capital fijo. De hecho, dados los resultados preliminares, se podría pensar que en este año que termina el crecimiento será mayor al 1,1% previsto inicialmente. En 2019, el crecimiento estimado se sustenta en el aumento de la producción petrolera a 206 millones de barriles, algo que sí es posible y real. Es una cantidad de producción viable porque se va a destrabar (el campo) Ishpingo con la licencia ambiental y allí entrarán nuevas perforaciones, elevándose de 48 a 93. El número de pozos en producción subirá de 111 en 2018 a 195 en 2019 en la totalidad de campos en producción.
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La baja de las reservas internacionales (RI) muestra la vulnerabilidad monetaria del Banco Central, entidad que acaba de activar una línea contingente con un crédito por $ 300 millones. ¿Qué entidad otorgó el crédito? ¿BIS (Bank of International Settlements) o FLAR?
El Banco Central ha solicitado mantener la reserva sobre el prestamista. Lo importante es que se tiene que enfrentar la situación como un problema estructural que se originó en el Gobierno anterior cuando se le permitió al Banco Central prestar recursos al fisco. Ahora las RI dependen de la liquidez fiscal. La ventaja de evaluar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es que los recursos que da esta institución permiten el fortalecimiento de las RI y enfrentar este problema estructural.
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Agentes económicos y políticos hablan de un eventual Acuerdo de Facilidad Extendida con el FMI. ¿Cuál es el avance en este tema y qué esperar en 2019?
Bajo las directrices del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se han evaluado todas las alternativas de financiamiento, partiendo del análisis de los desequilibrios de las cuentas fiscales a nivel del gobierno central y también a nivel del sector público no financiero (SPNF). En ese ejercicio no se puede descartar a ningún potencial financiador. Ahora, hablando del FMI, un acuerdo stand-by se ejecuta en un plazo de 3 a 4 años y busca lograr equilibrios en las cuentas públicas y externas. Pero uno de facilidad extendida tiene un horizonte de pago de hasta 10 años, lo que permite enfocarse en reformas estructurales y da acceso a mayor cantidad de recursos. Se busca realizar cambios profundos en las empresas públicas con una posible reforma a la Ley de Empresas Públicas que las lleve a estándares de la OCDE y a un nuevo régimen fiscal. En este tema se ha trabajado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al igual que en la fusión de Petroamazonas y Petroecuador, proceso que está en marcha. Se requieren soluciones para la sostenibilidad del IESS de una manera técnica y esto es parte de la reforma estructural. Los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, tienen su propia normativa y en el mediano plazo deberán hacer esfuerzos para una optimización en el uso de los recursos, pero eso escapa a la tarea del gobierno central y de entidades del SPNF.
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¿Con cuánto cierra el déficit global de 2018 y con qué logros? ¿Será viable la meta de déficit global en 2019 de-3,2% del PIB?
2018 terminará con un déficit no mayor a $ -4.200 millones, equivalente a -3,8% del PIB, partiendo de una situación crítica en mayo de 2018 en donde las cifras reales mostraban un déficit de -8% del PIB (Cuadro 1). En realidad, el esfuerzo de consolidación fiscal en este año ha sido gigante pues supera los cuatro puntos porcentuales del PIB. La corrección no puede ser mayor porque se hace considerando cuatro ejes en el plan económico: fiscal: productivo, competitivo, protección social y de transparencia. A esto se suma un nuevo marco institucional delineado por la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal para la inversión privada que corrige distorsiones y genera incentivos. En este marco se reinstalan los parámetros técnicos para las cuentas públicas, la creación del fondo de estabilización para iniciar al cabo de la etapa de estabilización que va de 2018 a 2021. Hubo un importante recorte del gasto de inversión pública (-41,6% en bienes de larga duración y -2,9% en transferencias de capital). No es correcto señalar que el gasto corriente subió, pues la ejecución de 2018 vs. el codificado de 2018 al 27 de diciembre muestra una reducción de -1,3% en gastos de personal, -11% en bienes y servicios. En este año además aumentó la cobertura en educación y salud. La economía necesita gradualidad. No se puede corregir en dos años los desequilibrios ocasionados en una década, pero estamos pasando de un nivel de déficit global de $ -5.000 millones en promedio en los años anteriores a la gestión de Martínez, a un déficit promedio anual de $ -3.500 millones a $ 4.000 para el periodo 2018 – 2021, y en los años siguientes iría a un nivel de $ -2.000 millones, que marca un quiebre en la administración financiera pública cumpliendo la gratuidad constitucional en salud y educación, así como el incremento en estos rubros. Nuestro compromiso en el mediano y largo plazos es tener un equilibrio primario como resultado de la gestión fiscal. En 2019 se incrementará el pago de pensiones por $ 1.240 millones y $ 278 millones adicionales para los GAD amazónicos.
Cuadro 1
Situación fiscal al cierre de 2018 y proforma reenviada a la Asamblea
Fuente: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria.
Elaboración: Consultora Multiplica.
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La economía se volvió dependiente del financiamiento externo, ¿cuánto se termina financiando en 2018? En 2019 el requerimiento de financiamiento es de $ 8.956 millones.
El financiamiento se necesita para cubrir el déficit y las amortizaciones y existen obligaciones: las preventas petroleras, laudos y otros, entre los que están contabilizados los atrasos. Hay el desafío de obtener los recursos para enfrentar eso (Cuadro 2). [Ndlr: en 2018 los requerimientos de financiamiento muestran $ 10.155 millones y en 2019 $ 8.956,6 millones]. En 2018 se estiman atrasos por $ 1.000 millones aproximadamente, aún no está la cifra. Pero en términos estructurales no hay un incremento significativo de los atrasos del Gobierno, a pesar de la restricción de financiamiento que ha enfrentado. En 2018 y en 2019 la programación de desembolsos es la que muestra el cuadro con recursos de multilaterales, gobiernos, bancos y bonos internacionales. En deuda interna se harán renovaciones.
Cuadro 2
Necesidades de financiamiento en 2018 y 2019
Fuente: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria.
Elaboración: Consultora Multiplica.
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¿En dónde entra el financiamiento con China por $ 3,6 mil millones del que habló el presidente Moreno? ¿Seguimos financiándonos con China o acudimos a crédito multilateral y con el FMI?
El presupuesto es la mejor estimación de lo que va a pasar el próximo año, realizada en agosto y septiembre. Sobre esta base se estructuró el presupuesto, pero en la ejecución esta programación se va adecuando de acuerdo con las condiciones de mercado o a las decisiones de Gobierno. Lo importante es tener identificado plenamente el financiamiento dentro de las alternativas posibles porque no quiere decir que esté imprevisto, pero cuando se está negociando se debe mantener la reserva. Con la firma de los contratos y el cierre de las negociaciones se va a ir precisando el organismo que financia. La estrategia de financiamiento se viene elaborando desde mediados de 2018 con miras a contar con los recursos en este año, en 2019 y en 2020, que es cuando se inicia el vencimiento de los bonos global soberanos. El financiamiento con China es una de las opciones, el país no está cerrado a ninguna opción que apoye nuestro plan, considerando la conveniencia social, económica y política. Hay un compromiso del Gobierno de hacer las reformas estructurales, nos financie quien nos financie: China, los multilaterales o el mercado internacional. Y esa es una posición valiente del Gobierno de realizar estas reformas estructurales. Se está evaluando hacer cambios en leyes que permitan corregir el desorden en diferentes instancias de la gestión pública que generó el Gobierno anterior, por ejemplo, fortalecimiento del Banco Central para darle mayor independencia, exigir la publicación de balances, etc.; quitar discrecionalidad a muchas decisiones; reglamentar la Ley del IESS para darle sostenibilidad al sistema público de la seguridad social; fortalecer las actividades de exportación; afinar las estimaciones macroeconómicas, etc.
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¿Con qué estrategia se ganará credibilidad, confianza y se bajará el riesgo país para realizar el proceso de reestructuración de pasivos que se requiere?
Primero en la estrategia está el Plan de Prosperidad que tiene sus cuatro componentes (fiscal, productivo, protección social y transparencia).Segundo, el marco institucional de la Ley de Fomento Productivo que apuesta por el sector privado con incentivos. Tercero, el relacionamiento proactivo que desarrolla el viceministro de Economía con los inversionistas internacionales y con los representantes de las calificadoras de riesgo país. El riesgo país está afectando a las economías emergentes de la región. Los mercados ven favorablemente la transparencia con la que se están administrando las cuentas.
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La calificadora de riesgos Moody´s castiga el gradualismo en la consolidación fiscal y la dificultad de acceso a financiamiento, conjuntamente con la vulnerabilidad de los fundamentales de la economía…
No se ha entendido en su verdadera dimensión el ajuste fiscal de cuatro puntos porcentuales del PIB que se ha hecho en este año (explicación en la pregunta 4). Se tuvo que incluir por ley -sin variar el presupuesto- gastos adicionales por más de 1,2% del PIB para 2019 por el tema de seguridad social y el fondo asignado por la Ley Amazónica ($ 250 millones), una locura en términos fiscales exclusivamente. Hay un componente social y político que considerar, entonces se ha hecho un gran esfuerzo pero tiene que ser gradual.
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Se han tomado medidas económicas sobre la reducción de subsidios a los combustibles. ¿En 2019 se pueden esperar nuevas medidas? ¿Focalización de subsidios? ¿Plantearán un incremento del IVA? ¿Redimensionamiento del Estado?
Como Gobierno estamos convencidos de que se requiere focalizar subsidios poniendo por delante a los más vulnerables, de manera que no se afecte su situación y sobre eso se trabajará en 2019 [Ndlr: De 2005 a 2017 se utilizaron $ 50.986 millones en subsidios de los combustibles] (Gráfico 1). Poner sobre la mesa de discusión del subsidio de los combustibles es una decisión valiente y comprometida del Gobierno. En cuanto a una reforma tributaria, por el momento no está identificada la necesidad de hacerla, probablemente conforme se hagan ajustes en empresas públicas o en el IESS se irán profundizando las reformas estructurales con el espíritu de hacer un mejor uso de los recursos públicos.
Gráfico 1
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Consultora Multiplica.
* Editora macroeconómica.
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Last modified on 2019-01-03