“Urge acelerar la protección de datos personales”

En menos de cuatro meses, los ecuatorianos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a proteger sus datos personales. De hecho, ya lo pueden hacer desde hace casi dos años, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), pero será el próximo 26 de mayo cuando termine el período de adaptación que el Gobierno brindó a las empresas y organismos para adaptarse a la nueva regulación.

Desde esa fecha, se podrán empezar a aplicar sanciones, aunque esto no debería ser el objetivo principal de la Ley. En un principio, puede que surjan más multas debido a una mayor inspección por parte del ente regulador y, además, muchas empresas aún no habrán realizado las gestiones adecuadas para adaptarse. 

El gran objetivo de la Ley es garantizar los derechos de los titulares de los datos, lo que pone a Ecuador en el mismo nivel que los países más avanzados en la materia. Los datos personales pertenecen a cada persona y son información que solo el propio titular debe decidir si quiere que sean tratados por ciertas entidades o no. Al igual que un deportista de élite decide si cede o no los derechos de imagen para ser explotados.

En el entorno digital en el que vivimos, hemos visto cómo se ha comercializado con los datos de los usuarios sin que ellos supieran que algunas empresas estaban ganando dinero con ellos. La LOPDP pretende evitar que esto suceda, permitiendo que las personas, tanto en entornos físicos como digitales, decidan qué se puede hacer con sus datos.

La regulación incluye derechos de acceso, rectificación, eliminación u oposición, entre otros, por lo que las empresas se han tenido que adaptar a la LOPDP para garantizar la seguridad y el correcto tratamiento de los datos personales de los ciudadanos.

Gracias a la nueva Ley, algunas empresas o aplicaciones no pueden acceder a ciertos datos ni recopilar información de los usuarios sin su consentimiento. Además, la información que recopilan las empresas y organismos tiene que estar relacionada con su actividad. Por ejemplo, si alguien contrata un servicio de energía, la empresa no puede recopilar información que no tenga nada que ver con ese servicio. La idea es que el tratamiento de cualquier dato sea legítimo, ya sea por una obligación legal, una orden judicial, un acuerdo o porque el usuario haya dado su consentimiento y que, además, sea totalmente transparente ante el usuario.

La Ley fue creada para solucionar un problema de ética en el tratamiento de datos por parte de algunas empresas. Al aprobar la LOPDP, se acabó con la impunidad y la indefensión de los usuarios y se establecieron sanciones para aquellas empresas que siguieran realizando malas prácticas. Las multas van desde el 0,1% hasta el 1% del volumen del negocio dependiendo de la gravedad de la infracción. Es importante que las empresas se tomen en serio la protección de datos de los usuarios o enfrentarán consecuencias costosas.

El caso es que la gran mayoría de las organizaciones quieren cumplir con la normativa, pero todavía hay empresas que no han podido adaptarse a esa nueva norma que exige el cumplimiento de numerosos requisitos que garantizan la conformidad con las obligaciones legales pertinentes para no caer en las sanciones. Por eso, es aconsejable que las empresas contraten un servicio de consultoría especializado en cubrir tanto las cuestiones relativas al cumplimiento de los requisitos legales, como la parte técnica y de seguridad de la información, con el conocimiento multidisciplinar adecuado. 

Este servicio debe proporcionar herramientas y soluciones para automatizar, configurar y monitorear los procesos de la LOPDP, garantizando el cumplimiento de la Ley y la protección de los derechos de los usuarios. El objetivo es ayudar a las compañías a cumplir con la normativa y proteger la privacidad de los datos personales de una forma trazable y automatizada.

(*) Socio & Director of Sales and Business Development South Latam de GlobalSuite Solutions.

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