El ecuatoriano no confía en los empleados públicos

La confianza en América Latina y el Caribe es menor que en cualquier otra parte del mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó en un estudio sobre la confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en la región. El estudio explica las consecuencias económicas y políticas de la desconfianza y cómo esta reduce el crecimiento y la innovación. Ecuador, por ejemplo, es el tercer país con menor confianza en los funcionarios públicos.

LA CONFIANZA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ES MENOR QUE EN CUALQUIER OTRA PARTE DEL MUNDO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el libro “Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, en el cual indica que la confianza es el problema más urgente al que se enfrenta la región, pero aun así, es el menos debatido. La confianza es importante ya que está presente en innumerables interacciones en las sociedades: los votantes al elegir candidatos, empresas al invertir o innovar, empleadores al contratar trabajadores, trabajadores que esperan recibir un salario, compradores, vendedores, la interacción entre la policía y los ciudadanos, etc.

“Cuando la confianza está ausente de estas interacciones, la sociedad y todos sus miembros sufren; la política es inestable, la calidad de las políticas públicas se deteriora, el crecimiento económico se desacelera, y la equidad social y el bienestar individual disminuyen”, asegura el BID. La confianza, en el informe, se define como la creencia de que otros no actuarán de manera oportunista, la fe en los demás: su honestidad, fiabilidad y buena voluntad.

Un tema clave es la interacción de la confianza interpersonal y la confianza en el gobierno. Los funcionarios públicos, al igual que las personas en general, tienen más probabilidades de actuar de manera oportunista – de manera no confiable – cuando no están obligados a rendir cuentas de su accionar.

El porcentaje de individuos en el mundo que cree que se puede confiar en la mayoría de las personas descendió del 38% en el período 1981-1985 al 26% en 2016-2020, según datos de la Encuesta Integrada de Valores. En América Latina y el Caribe, la reducción ha sido más drástica, cayó del 22% al 11%, solo una de cada diez personas cree que se puede confiar en los demás.

Gráfico 1

Disminución de la confianza en América Latina y el Caribe

Los bajos niveles de confianza interpersonal y la escasa capacidad para obligar a los gobiernos a rendir cuentas se reflejan en una alta desconfianza en el gobierno. Según la Encuesta Integrada de Valores, a lo largo del período 2010-2020, un promedio de menos de tres de cada 10 habitantes en América Latina y el Caribe confiaban en su gobierno, mientras que para el resto del mundo es cinco de cada 10.

Una forma de impedir estos comportamientos oportunistas es fortaleciendo las instituciones. Por ejemplo, el poder judicial y el poder legislativo pueden establecer controles sobre el comportamiento del gobierno que limitan su capacidad de esos comportamientos. Pero para eso también debe fortalecerse la confianza en dichas instituciones.

En promedio, la confianza interpersonal generalizada es muy baja, pero la confianza en vecinos y familia es la más alta. En el ámbito público, la confianza más alta es en la iglesia, seguido de las Fuerzas Armadas. La más baja, por otro lado, es en los partidos políticos.

LA DESCONFIANZA SE TRASLADA A MAYOR INFORMALIDAD

La desconfianza también es dañina a nivel de empresas, pues las empresas y las personas que trabajan en ellas están más dispuestas a funcionar de manera informal. De acuerdo con el estudio, esto se da como respuesta a costosas e innecesarias regulaciones o como señal de querer buscar ventajas privadas a expensas de la comunidad.

La informalidad como respuesta a innecesarias regulaciones, se da en casos de desconfianza porque no se cree que las reglas hayan dicho hechas por el interés público. Por esta razón, existe una fuerte correlación negativa entre confianza e informalidad, mientras menor es la confianza, más alta es la informalidad.

En el Gráfico 2, los países de América Latina y el Caribe aparecen en su mayoría en el cuadrante inferior derecho, donde se sitúan aquellas naciones con el menor nivel de confianza y la mayor informalidad.

Ecuador no es la excepción, la confianza generalizada se encuentra menor a 0,1 mientras que su economía informal (como porcentaje del Producto Interno Bruto) está alrededor del 33%. Argentina y Chile son los dos únicos países de la región en los que a pesar de tener una baja confianza, la informalidad no es tan alta en comparación con los otros países.

Gráfico 2

Relación entre confianza e informalidad

Fuente: Encuesta Integrada de Valores - Gráfico: BID.

LA POBLACIÓN ECUATORIANA NO CONFÍA EN EL GOBIERNO

El comportamiento y la actitud de los funcionarios públicos son determinantes fundamentales en el desempeño de los organismos públicos y, eventualmente, en la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo sus funciones. Una implementación exitosa de las políticas requiere que los empleados públicos colaboren y que sean sensibles y receptivos ante las necesidades de los ciudadanos.

Para obtener información sobre la confianza y las preferencias de políticas de los empleados públicos, el BID realizó la Encuesta del Sector Público en 2020. Uno de los resultados indica que la desconfianza en los demás reduce la cooperación y el intercambio de información. Los encuestados que expresan una mayor confianza en los empleados públicos tienen significativamente más probabilidades de declarar que la cooperación mejora el desempeño en el trabajo y que dependen de la información compartida por los colegas.

Ecuador es el tercer país en la región con menor confianza promedio en sus empleados públicos, después de Bolivia y Venezuela, lo que se traduce en una baja cooperación e intercambio de información.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO TAMBIÉN SE FRENA POR LA DESCONFIANZA

El estudio del BID indica que la desconfianza y los vínculos débiles de ciudadanía entre los empleados públicos intensifican los desafíos crónicos y urgentes de bajo crecimiento y alta desigualdad que enfrenta la región. Entre 1980 y 2020, la tasa promedio de crecimiento per cápita del PIB real en América Latina y el Caribe se situó por debajo del promedio mundial. Además, a pesar de los avances notables recientes, la región sigue siendo un 50% más desigual que el país desarrollado promedio.

El crecimiento económico depende de políticas públicas y de instituciones para estimularlo. Las decisiones más importantes que impulsan el crecimiento económico –invertir, emplear, producir, comprar o vender- dependen en todos los casos de la confianza.

La desconfianza, por lo tanto, impide el crecimiento, por un lado, a través del gobierno y las empresas. Para promover la actividad económica, los gobiernos utilizan un conjunto de políticas, y si las empresas desconfían del gobierno, tienen menos probabilidades de responder a las condiciones favorables que esas políticas puedan crear. 

Otra de las vías es la desconfianza interpersonal a manera en que las empresas se organizan internamente y hacen negocios unas con otras. Dentro de las empresas, la desconfianza interpersonal limita la toma de decisiones a la familia, en lugar de delegar la responsabilidad en trabajadores externos potencialmente más calificados. Entre firmas, la desconfianza aumenta los costos de las transacciones, favorece a las empresas establecidas mayor tiempo y crea barreras para la entrada de firmas nuevas y más eficientes.

Además, la desconfianza limita el libre movimiento de los trabajadores, el capital y las ideas hacia empresas más productivas. También reduce los incentivos de las empresas para desplegar los métodos de producción más avanzados, expandirse hacia otros mercados, invertir en nuevos productos y procesos y capacitar a los trabajadores.

Por el contrario, las firmas realizan grandes inversiones improductivas para protegerse del comportamiento poco fiable de los demás, por ejemplo, el 1,4% del PIB que las empresas de la región destinan a seguridad para estar a salvo de la delincuencia.

Otra manera en que la desconfianza perjudica el crecimiento es la regulación excesiva. Los ciudadanos que desconfían de las empresas y el gobierno tienen más tendencia a exigir reglas estrictas para impedir que las empresas contaminen de forma exagerada, incumplan sus obligaciones contractuales hacia los trabajadores y los proveedores, o engañen a sus clientes sobre la calidad de sus productos.

¿POR QUÉ SE DA LA DESCONFIANZA?

En las sociedades donde las personas creen que los otros no verán consecuencias sobre su conducta oportunista, es más probable que consideren que los demás no son confiables. Por lo tanto, en las sociedades donde las consecuencias son nulas o el precio que se paga es muy bajo, hay más probabilidad de altos índices de desconfianza.

Un motivo fundamental por el que la confianza es más baja en algunas sociedades en relación con otras es que algunas son menos capaces de castigar el comportamiento no fiable aun cuando todos estén adecuadamente informados sobre él.

En algunas sociedades, las personas y los grupos disfrutan de suficiente poder para protegerse de los castigos por comportamientos deshonestos hacia los otros. Las instituciones que controlan el comportamiento oportunista (tribunales, organismos de auditoría, policía) son más robustas en algunos países que en otros.

Aumentar la confianza es fundamental para el desarrollo del país y la región. Para esto, el BID indica que se puede abordar las asimetrías de poder que disminuyen la confianza en los sectores público y privado con reformas judiciales. También se puede fortalecer las instituciones que empoderan a las personas para que actúen por sí mismas con el fin de hacer que los gobiernos rindan cuentas.

Otra acción es eliminar las asimetrías de información, y requerir a los organismos del sector público que comuniquen cuidadosamente las decisiones que toman, y que asuman la responsabilidad por esas decisiones y sus consecuencias. Un punto fundamental también es la inversión en educación, dado que las personas con un mayor nivel de estudios pueden distinguir mejor entre buena fortuna y buen gobierno.

(*) Elaborado por Maí Suárez, redacción Revista Gestión.

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