El cada vez creciente debate sobre la muerte asistida en el Ecuador le ha dado voz a una realidad silenciada: la falta de una muerte digna para cientos de personas con enfermedades terminales en Ecuador. Forzadas a elegir entre alargamientos agonizantes o salidas clandestinas, se vuelve necesario replantear el tabú de la eutanasia en el país.
El reciente y conmovedor caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha puesto el debate sobre la eutanasia en primer plano en Ecuador, pues esta enfermedad degenerativa la mantiene postrada en una cama, dependiente de un respirador artificial y con una discapacidad del 95%.
Su demanda ante la Corte Constitucional para legalizar la eutanasia en casos como el suyo ha atraído un extenso apoyo, pero también fuertes críticas. Este artículo analiza los principales puntos del debate, las experiencias en otros países y los desafíos de Ecuador para abordar la compleja discusión entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte digna.
¿QUÉ SE DICE SOBRE LA EUTANASIA?
Más allá de reformas legales, descriminalizaciones o inversiones públicas, la eutanasia confronta a Ecuador con dilemas éticos individuales y colectivos. “A nivel mundial, el problema detrás de los casos de eutanasia es que se presentan cientos de acciones de inconstitucionalidad o medidas cautelares o el equivalente dentro del sistema público para poder, en casos particulares, generar un debate respecto a este asunto”, señaló Efraín Salgado, abogado experto en derecho internacional y docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Hoy en día, la eutanasia se paga en Ecuador con cárcel, de acuerdo con el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues la ley equipara esta práctica con un homicidio, sancionándola con hasta 13 años de prisión, a diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia, que la despenalizó en 1997 para enfermos terminales. Este marco legal, que data de una moral católica conservadora, colisiona con los derechos de personas con enfermedades catastróficas que demandan una muerte asistida para evitar la degradación lenta y dolorosa de sus cuerpos.
Según Diana Bernal, directora de postgrados de bioderecho en la Universidad del Rosario de Colombia, la prohibición es la norma en la región: “Muchos países siguen teniendo como conducta punible el homicidio por piedad”, dijo la catedrática a Bloomberg.
En este sentido, la polémica en Ecuador se da en paralelo a un creciente debate global sobre el derecho a la muerte digna. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la primera causa de muerte en el mundo, con 10 millones de fallecidos en 2020.
Ante estas cifras de enfermedades terminales, varios países han optado por reformas que permiten la eutanasia en casos puntuales. Entre ellos se cuentan Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Colombia, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia. La mayoría exige que el paciente tenga una enfermedad terminal, que su decisión sea voluntaria e informada, y que el procedimiento lo haga un médico. Sin embargo, carentes de respuestas legales, muchos recurren a salidas desesperadas y estigmatizadas, desde dosis letales clandestinas hasta familiares que ayudan en la agonía a escondidas.
Gráfico 1
Países donde es legal la eutanasia
ENTRE DOGMAS Y EMPATÍA: PERSPECTIVAS ENCONTRADAS
La abogada María José Mogrovejo, experta en derecho constitucional, explica que el derecho a la vida está íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales como la dignidad y la integridad, lo que agrega complejidad al debate sobre la eutanasia.
Plantear reformas sobre la eutanasia implica la participación en un debate bioético entre visiones enfrentadas de la vida y la dignidad, algunos sostienen que la facultad de disponer de la vida recae exclusivamente en entidades divinas, mientras que otros consideran que la vida es el resultado de decisiones autónomas. Entre dogmas y autonomía, ¿cómo conciliar posturas?
Más que una colisión irreconciliable entre religión y ciencia, el reto parece enfocar el debate sobre libertades fundamentales, y es que el reto mayor de una Ley de Muerte Digna no es técnico, sino ético. El debate obliga a mirar de frente tabúes colectivos, cuestionarlos y replantearlos, siendo prioritario dejar de lado prejuicios propios para conectar desde la empatía. Según explicó Salgado: “el concepto del dolor supera al derecho, es uno de los problemas que la Corte Constitucional tendrá que atravesar dentro de su jurisprudencia”.
CUIDADOS PALIATIVOS: ALIVIAR SIN REEMPLAZAR
En la Política Nacional de Cuidados Paliativos del Ecuador, se menciona cómo el acceso a cuidados paliativos es un problema de nivel mundial, con apenas el 14% de las personas que los requieren recibiendo atención. La falta de formación en este ámbito impacta significativamente al 85% de los profesionales de la salud, pues de los 40 millones de personas necesitadas de cuidados paliativos anualmente, solo el 34% son pacientes oncológicos.
El panorama se agudiza con enfermedades crónicas, revelando una situación desigual: el 98% de los niños que necesitan cuidados paliativos residen en países con bajos ingresos. Este panorama destaca la necesidad urgente de abordar disparidades y mejorar el acceso global. En Ecuador, hasta 2019 se contó con 78 instituciones que brindan cuidados paliativos en el país, mostrando un aumento significativo en comparación con 2015; sin embargo, se menciona en el documento oficial que la mayor parte de las entidades públicas hacen referencia a equipos de calificación de discapacidad y equipos de atención integral en salud, que realizan visitas domiciliarias, que incluyen cuidados paliativos.
Gráfico 2
Instituciones que brindan cuidados paliativos
El dolor, particularmente en pacientes con cáncer, se posiciona como un desafío primordial, con la preocupación de que el 80% de los pacientes en países de bajos ingresos carecen de acceso adecuado a cuidados paliativos y morfina oral, subrayando la necesidad imperante de intervenciones efectivas. Además, la escasez de acceso a analgésicos opiáceos es un problema global, en más de 121 países; la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes identifica niveles de consumo como “insuficientes” o “muy insuficientes”, requiriendo acciones inmediatas para aliviar el sufrimiento.
En Ecuador, en el año 2020 se evidenció que la mayoría de las defunciones se concentraron en personas mayores de 64 años, representando el 28% de este grupo etario, con un total de 22.872 fallecimientos atribuibles a enfermedades que requieren cuidados paliativos. Desde el año 2000 el número de muertes por cáncer en el país ha crecido de forma constante, volviendo a los cuidados paliativos un requerimiento central en la planificación en salud para la ciudadanía.
Gráfico 3
Número de muertes por cáncer en Ecuador
La alta tasa de mortalidad por cáncer en Ecuador podría estar relacionada con diagnósticos en etapas avanzadas de la enfermedad, según datos del Registro Nacional de Tumores - SOLCA. En el período 2011-2015, el 41% de los pacientes diagnosticados en la ciudad de Quito se encontraban en estados III y IV, resaltando la posible necesidad de atención específica por parte de equipos de cuidados paliativos. Esto muestra las deficiencias en estrategias de prevención y detección temprana, acompañadas por desafíos de acceso a servicios de salud, especialmente en áreas rurales, y la connotación del cáncer como una enfermedad fatal sin remedio.
Países como Colombia combinan cuidados paliativos, suspensiones de tratamientos invasivos y eutanasia para garantizar una integralidad compasiva. En Ecuador, la atención en cuidados paliativos es proporcionada tanto por instituciones públicas como privadas, las cuales, a pesar de que los esfuerzos individuales son reconocidos, carecen de una coordinación efectiva con el Sistema Nacional de Salud. Esto resalta la necesidad apremiante de una mayor integración y colaboración en el ámbito de los cuidados paliativos para mejorar la atención a quienes más lo necesitan.
Es entonces innegable, la urgencia de ejecutar planes específicos de expansión de unidades de cuidado paliativo tanto en hospitales públicos como en centros especializados a nivel nacional, así como garantizar el acceso oportuno tanto a médicos especialistas en cuidados paliativos, enfermeras dedicadas y otros especialistas de apoyo como psico-oncólogos o trabajadores sociales.
¿CÓMO SERÍA EL PROCESO?
De acuerdo con lo analizado por Efraín Salgado, los procesos de eutanasia no dependen solo de la decisión de la persona, sino que se analizan en función de un órgano colegiado que hace una calificación ante la solicitud de alguien con una enfermedad terminal, y puede ser negada por dicha autoridad, por lo que no se contempla la eutanasia para personas con enfermedades mentales, pues estas no tendrían la capacidad para solicitarla. Asimismo, advierte que existe una “laguna estructural” en el marco legal de Ecuador sobre esta problemática.
Antes de descartar la eutanasia, el sistema de salud ecuatoriano debe enfocarse en cerrar brechas en su oferta actual y garantizar que nadie se vea forzado a decidir entre tratamientos deshumanizantes o decisiones clandestinas. Según el estudio de Schüklenk, una mayoría se opone por razones éticas, pero surgen voces disidentes que plantean una postura diferente con un enfoque ético en dignidad e integralidad.
Plasmar los dilemas analizados en una eventual Ley de Muerte Digna requerirá un debate nacional amplio, con participación de voces diversas. Algunos lineamientos éticos para ese proceso serían: el respeto profundo a creyentes, pero sin imposición de dogmas, recordando que Ecuador es un estado laico; empatía con quienes sufren, sin prejuicios sobre creencias propias; decisión informada basada en data y experiencia internacional, no en especulaciones o juicios de valor; consenso con gremios médicos para el establecimiento de protocolos para estos procesos.
Y es que, más que una puerta hacia la banalización de la vida, la eutanasia representa una necesidad ética para muchos en Ecuador. El reto será encaminar reformas prudentes, y humanas que permitan transitar el umbral entre la muerte provocada y la muerte digna con plena conciencia de los matices. Entendiendo que, más allá de las diferentes posturas, lo que está en juego es el imperativo ético de aliviar el sufrimiento intolerable.
(*) Analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2023-12-03