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Autor: Consultora Multiplica

Los mercados internacionales respondieron positivamente al acuerdo preliminar de renegociación de la deuda. Gracias a ello, el riesgo país cayó por debajo de los 3.000 puntos. Cumplir con el servicio de la deuda en las condiciones anteriores era casi imposible debido a las proyecciones deprimentes para 2020, con un déficit fiscal de -4,5% del PIB, un decrecimiento del PIB de hasta -11% y requerimientos de financiamiento para este año de 13,9% del PIB. El gobierno nacional tiene hasta el 15 de agosto para lograr todos los pasos pendientes y conseguir la reestructuración de deuda oficial.

El pasado 6 de julio, el presidente Lenín Moreno junto con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunciaron un acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda externa, específicamente de bonos soberanos. Esto significa un alivio para las cuentas nacionales, pues los problemas de liquidez son críticos como para cubrir las obligaciones internas con las distintas instituciones y externas para el pago de la deuda.

El respiro que trajo la negociación pudo verse reflejado en el indicador del riesgo país. Después de cuatro meses bajó de los 3.000 puntos, cayendo 496 puntos el mismo día del anuncio, por lo que la reestructuración de la deuda impactó positivamente en los mercados internacionales, que están a la expectativa de que el Ecuador retome así los pagos del servicio de la deuda, una vez que se concrete el acuerdo.

LA ESTRECHEZ FISCAL Y LA FALTA DE FINANCIAMIENTO NO DABAN MÁS

La renegociación de la deuda no es una opción. La estrechez fiscal que lleva arraigando el gobierno es algo que se ha acumulado con el tiempo y que empeoró con la pandemia del COVID. El pasado 3 de junio, el ministro Martínez expuso las condiciones macroeconómicas del Estado ecuatoriano a los acreedores como primer paso para la reestructuración. Los tres aspectos fundamentales giran en torno al pobre crecimiento económico del país, la consolidación fiscal y los problemas de financiamiento, que se desarrollarán a continuación.

El desplome de la economía en el 2020 es incontrolable. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el decrecimiento sería de -9,6%, mientras que otro organismo que trabaja directamente con el equipo económico del país supone una caída de hasta -11%. El retroceso que generó la crisis sanitaria se traslada a casi todos los sectores de la economía, siendo los más golpeados el turismo, el sector automotor y el inmobiliario.

La contundente pérdida de empleos, que disminuye la capacidad adquisitiva de los consumidores, socava aún más la economía. Es por eso que la recuperación poscrisis puede ser lenta. La expectativa de crecimiento en los años siguientes llega a un máximo de 2,5%, esto significa que tomará varios años hasta recuperar el nivel económico actual.

El esfuerzo que se ha dado por el lado del fisco para la consolidación fiscal es parte del acuerdo con el FMI, el cual se basa en un recorte del gasto corriente y de capital de 4% del PIB. Además, se busca destinar mayor gasto para enfrentar la pandemia. Según la información presentada por el ministro de Finanzas, se espera que a partir del 2022 se logre la consolidación fiscal, pues se alcanzaría un superávit en el Presupuesto General del Estado (PGE).

En el presente año, la pérdida de ingresos petroleros y tributarios, de -5,4% del PIB, y la ausencia de nuevas recaudaciones esperadas a causa de la pandemia dejarían un déficit del -4,5% del PIB. Como indica el Gráfico 1, según Martínez, la estrategia de consolidación fiscal pasaría de -4,5% en déficit primario en 2020 a -1,5% en 2021. Pues a partir de allí los ingresos del Estado superarían los gastos dejándolo en equilibrio. No obstante, no es muy viable ni política ni socialmente.

Gráfico 1
Estrategia de consolidación fiscal proyectada

 

Los requerimientos de financiamiento se vuelven cada vez más grandes, pero las restricciones para acceder a ellos aún más. A inicios del año, los requerimientos de financiamiento eran de 8,1% del PIB. Sin embargo, con la pandemia aumentaron a 13,9%, dejando una brecha por financiar de 3,5% del PIB, siempre y cuando se logren los desembolsos comprometidos con los multilaterales.

El escenario de financiamiento que se espera para los próximos 10 años sigue siendo elevado, fluctúa entre 7% y 10% del PIB anual en caso de que no se concrete la restructuración de la deuda. En tanto, los especialistas financieros consideran que para que haya sostenibilidad fiscal y de deuda, los requerimientos de financiamiento no deben superar los 6 puntos del PIB.

Gráfico 2
Escenario base de los requerimientos de financiamiento entre 2020 y 2030


 

 

Según el FMI, para que esto suceda se debe mejorar la situación fiscal en un 4,7% del PIB anualmente hasta 2025. Resulta demasiado ambicioso dado que incluso con la reestructuración de la deuda se obtendrá rebajas anuales de entre el 1% al 3% del PIB, en ese período. Por tanto, resulta complejo alcanzar dicha sostenibilidad, pues como indica la trayectoria esperada (Gráfico 2) está muy lejos de la línea base del objetivo, es decir el 6% del PIB.

LA DEUDA PÚBLICA ALCANZA 54% DEL PIB

De 2006 a 2020, la deuda externa se quintuplicó y la deuda interna se cuadruplicó. En total la deuda pública a mayo de 2020 es de $ 58.418,3 millones, de los cuales $ 41.564,9 millones corresponden a deuda externa y $ 15.853,4 millones a deuda interna (Gráfico 3). Esto equivale a una deuda pública que representa 54,3% del PIB, cuando en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se establece como techo 40%.

Gráfico 3
Evolución histórica de la deuda interna y externa entre 2016 y 2020

 

Se estima que la deuda pública se incrementará en los próximos años. Según Pablo Lucio Paredes, en la revista Koyuntura, entre 2020 y 2021 solo la deuda externa podría llegar a 54% del PIB y la deuda global a 72%. Los pronósticos para los ingresos nacionales no son favorables, el decrecimiento inminente del PIB en conjunto con una caída de precios podría llevar a esos números rojos.

La deuda es impagable si no se llega a la reestructuración. En el 2020, sumado el capital e intereses por pagar, la obligación es de $ 9 mil millones, es decir, 31% del ingreso fiscal esperado. De igual manera, para los años siguientes el servicio de la deuda implica destinar en promedio 20% de los ingresos totales del gobierno. Esto pone en evidencia la necesidad de culminar la negociación de los bonos soberanos.

Gráfico 4
Capital e intereses a pagar antes del acuerdo con acreedores (en miles de millones de $)

 

LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA AÚN NO HA TERMINADO

El proceso de negociación se inició con el segmento de bonos soberanos, ya que el 17 de abril fue aprobada la solicitud de consentimiento por parte de los bonistas. Sin embargo, para que se concrete el acuerdo es necesario tener el 65% de aprobación por parte de los tenedores de todos los bonos y 75% para el bono 2024.

Los mercados internacionales se mostraron optimistas cuando un grupo de acreedores que representa 50% de la deuda aprobó la propuesta del gobierno nacional. Aún se requiere la aprobación de otros tenedores de bonos para concluir la reestructuración oficial.

LA DEUDA CON CHINA DE MÁS DE $ 6.000 MILLONES NO PARECE SER NEGOCIABLE

Con los multilaterales no hay negociación posible, pero con un bilateral tampoco. La deuda que Ecuador tiene con China supera los $ 6.000 millones, que están atados con diferentes obras de infraestructura. La característica de esta deuda es la falta de transparencia.

Más aún el gobierno aún busca financiar $ 1.400 millones en este mismo año, por lo que no se pretende renegociar la deuda con este país. Además, se presume que China pondría como condición para cualquier renegociación dejar por insubsistentes todos los procesos judiciales por responsabilidad en la falla de obras civiles como la Hidroeléctrica San Francisco, Coca Codo Sinclair, entre otros.

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO CON LOS TENEDORES

Los beneficios de concretar el acuerdo con los tenedores de bonos son muchos. Entre ellos, liberar recursos para destinarlos a un mejor funcionamiento presupuestario, por lo que significaría un alivio al flujo de caja. Además, lograría mantener al país con acceso a futuros financiamientos al mostrar la buena voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones del servicio de la deuda. Paralelamente, se lograría mayor eficiencia y transparencia en el manejo de la deuda, esperando que se traduzca en apertura del gobierno para transparentar los documentos legales en bonos soberanos.

Sin duda, la recompensa de la renegociación tiene efectos directos en la presión de la deuda sobre las finanzas públicas. Las características del acuerdo están constituidas principalmente por las mejoras en capital, interés, plazo y gracia. El recorte de capital es de $ 1.541 millones, lo que significaría un recorte de 8,9%. La tasa de interés también se reduce, pasando en promedio de 9,3% a 5,2%. El plazo de pago se duplica, pues la madurez de los bonos pasará de 6,1 años en promedio a 12,7 años. Y, el periodo de gracia se concede a 5 años para el capital y 2 años para el interés.

Por tanto, el mayor beneficio de este acuerdo preliminar está en el alivio en el flujo de pagos. El Gráfico 5 muestra claramente que el alivio en los años más críticos (2020-2021) es sustancial gracias a la tasa de interés escalonada (según el tipo bono) y el periodo de gracia. Caso contrario, lo más probable es que el gobierno llegue a un “default” y la completa incredibilidad de los mercados internacionales.

Gráfico 5
Flujo de pago de bonos con reestructuración y sin reestructuración de la deuda (en millones de $)

 

En este preciso momento, los recursos deben ser destinados para enfrentar la crisis por el COVID-19, no al pago de la deuda. Sin embargo, no se deben descuidar los mercados internacionales pues se dejaría en el camino el desarrollo de los años subsiguientes al verse limitados de financiamiento. El acuerdo aún es preliminar, se espera que realmente se concrete para que este alivio sea real. Mientras tanto, el gobierno dispone de un mes para dar los pasos pendientes para alcanzar la reestructuración de la deuda.

* MULTIPLICA es una compañía de consultoría e investigación, fundada en enero de 1994. Su objetivo central es llevar adelante investigación aplicada en las áreas empresariales, macroeconómicas, finanzas y desarrollo.

 

 

 

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Last modified on 2020-07-12

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