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Autor: Revista Gestión

En promedio, de todas las personas que contrajeron el virus del SARS-CoV-2, 19% requiere de atención médica y hospitalización, lo que equivale a dos personas por cada mil habitantes. Sin embargo, la tasa las camas disponibles en el sistema de salud público y privado a nivel nacional es de 1,4 por cada mil habitantes, lo que deja una brecha respecto a la necesidad actual. El gasto en salud ha decrecido en -16,3% respecto al 2019, mientras las defunciones se han incrementado en 64%.

Desde que se inició la pandemia una de las principales preocupaciones para la población y el Gobierno era si el sistema de salud tendría la capacidad de reaccionar y solventar las nuevas demandas del virus. Ante ello, las autoridades han tratado de crear centros médicos temporales de atención de pacientes con COVID-19 para evitar saturar los establecimientos de salud.

Sin embargo, la crítica que estos centros temporales han recibido es que no son lo suficientemente equipados como para atender a pacientes de gravedad. Mientras que el resto de los hospitales se encuentran saturados.

Según el Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios 2019 del INEC, lanzado en junio del 2020, en Ecuador existen 14.343 camas hospitalarias disponibles en el sector público y 9.711 en el sector privado. Es decir, los ecuatorianos contamos con 1,4 camas hospitalarias por cada mil habitantes y 2,2 médicos por cada mil habitantes.

Al 25 de noviembre 2020, hay 187.230 personas confirmadas con coronavirus con pruebas PCR, de las cuales 13.288 fallecieron entre casos confirmados y probables, y 164.009 son pacientes recuperados. No obstante, las cifras no reflejan la total realidad ya que muchas personas son asintomáticas y otras contagiadas han decidido quedarse en casa cuidándose con remedios caseros o atenderse con médicos particulares para evitar asistir a centros médicos colapsados.

En porcentaje acumulado del total de casos confirmados, Pichincha concentra el 36% de las personas contagiadas, equivalente a 67.464 personas, seguida por Guayas (12,7%), con 23.767 casos, Manabí (6,7%) y Azuay (6,2%). Pero si revisamos la cifra de contagios respecto a la población de cada provincia los resultados cambian.

El Gráfico 1 permite comparar entre camas disponibles versus personas contagiadas por provincia por cada mil habitantes. En este caso, Pichincha es aún la provincia con más contagios per cápita (20,9 por cada mil habitantes), pero le sigue Pastaza, con 20,36 casos per cápita, y luego el Carchi, con 17,26 casos confirmados por cada mil habitantes. Bajo esta perspectiva son otras las provincias con mayor proporción de contagios según su cantidad poblacional. 

En el caso de las camas por cada mil habitantes ya se evidencia la gran brecha existente. Pichincha siendo la provincia con la mayor cantidad de casos per cápita, solo dispone de 1,8 camas en total -tanto en salud pública como privada- para cada mil habitantes. Considerando que Pichincha es la segunda provincia con más camas disponibles después de Tungurahua (2,04 camas) deja una preocupación para las demás provincias.

Gráfico 1

Casos de COVID-19 confirmados vs tasa de camas disponibles por cada 1.000 habitantes

 

Aunque no todos los contagiados se hacen tratar en un centro de salud u hospital, si consideramos el porcentaje de muertes del total de casos con COVID-19 (7,1%) -que se supone que requirieron atención médica prioritaria- y los casos con alta hospitalaria (12,3%) se tiene que de todos los contagiados a nivel nacional al menos el 19,4% requirió hospitalización y, por tanto, la ocupación de camas mínimo un día.

Aun así, esta demanda no puede ser cubierta por la mayoría de las provincias (Gráfico 2). Por ejemplo, en Pichincha de los 20,9 casos por cada mil habitantes, 4,05 de ellos requirió ser hospitalizado; sin embargo, Pichincha dispone de 1,8 camas. El caso de Guayas también llama la atención porque las cifras per cápita indican que la capacidad de camas disponibles es mayor a los ciudadanos que necesitaron de una cama hospitalaria.

No obstante, si se toma en cuenta el resto de las enfermedades que requieren de hospitalización resulta ser imposible cubrir la demanda de camas hospitalarias en todo el país. Pues solo 16,6% de camas son de medicina interna y el 17% corresponde a camas de servicios indiferenciados. Gran parte del resto de las camas son de uso específico para servicios como ginecología y obstetricia (15,8%), cirugía (12,6%), pediatría (10,9%), entre otros.

Gráfico 2

Casos de COVID-19 confirmados que requieren hospitalización vs tasa de camas disponibles por cada 1.000 habitantes

 

AUNQUE HAY MÁS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIVADOS, LOS PÚBLICOS TIENEN MÁS CAMAS DISPONIBLES

Para el 2019, los últimos datos reportados por el INEC muestran que hay 633 establecimientos de salud que prestan internación hospitalaria, de los cuales, 183 son públicos y 450 son privados, es decir, 28,9% son públicos y 64,6% privados. Sin embargo, el sector público es el que concentra mayor porcentaje de camas disponibles y de egresos hospitalarios, el 59,6% y 69,1%, respectivamente (Gráfico 3).

Estos datos demuestran que el sector público sostiene la salud del país. El factor principal detrás de ello es la concentración socioeconómica de la población que se ubica en los tres primeros quintiles, por tanto, la gratuidad de los servicios de salud es determinante. Aunque se considera que el sistema de salud público es ineficiente y altamente burocrático, es la única posibilidad para muchos ecuatorianos. Más aún con la compleja situación económica que atraviesan muchas familias por la coronacrisis.

Gráfico 3

Egresos, camas y establecimientos de salud en 2019

 

 

LA TASA DE MUERTES EN ECUADOR CRECIÓ 64% EN PROMEDIO RESPECTO AL 2019

El primer caso de coronavirus en el Ecuador se identificó el 28 de febrero de 2020. Aunque el Ministerio de Salud reveló que al menos 24 personas ya tenían síntomas de coronavirus hasta esa fecha, lo cual resulta lógico considerando que entre los primeros días de febrero de 2020 entraron entre 20 mil personas desde Estados Unidos, España e Italia.

Lo que no cabe duda es la agresividad del virus en la población y los efectos que impactaron en la economía. Los datos de mortalidad son mucho más altos que el año anterior, siendo abril el mes con más muertes registradas, 20.710 solo ese mes. Esto hace que las muertes en abril hayan tenido una tasa de variación de 240,7% respecto a abril del 2019.

En general, a partir de marzo, se reconoce un incremento de muertes significativo comparado con los periodos sin pandemia (Gráfico 4). En promedio, hasta septiembre, las muertes se incrementaron en 64,1%. De lo que hasta septiembre de 2019 se registraron 55.293 personas fallecidas, en 2020 esta cifra alcanzó las 88.341 defunciones.

Gráfico 4

Defunciones 2019 versus defunciones 2020 (entre enero y septiembre)

 

EL GASTO EN SALUD DECRECIÓ PESE A LA PANDEMIA

La alta tasa de mortalidad por la pandemia del COVID-19 y el incremento de demanda al sistema de salud, especialmente pública, implica políticas de gasto social como en salud. Hasta junio del 2020, en el sector de salud se ha devengado poco más de $ 1.231 millones frente a los $ 2.843,09 millones del presupuesto codificado para este sector. Es decir, hasta el primer semestre se gastó el 44% del presupuesto en salud aproximadamente.

Sin embargo, el gasto en salud hasta el primer semestre del año ha decrecido en -16,3% respecto al primer semestre de 2019. Todos los meses, con excepción de enero y marzo, han tenido una caída significativa de gasto en salud. Esto se explica, en principio, porque debido a la crisis por la pandemia los ingresos del Estado cayeron fuertemente. Por tanto, el gobierno tuvo que aplicar medidas de austeridad en todos los sectores para cumplir con los acuerdos con el FMI y con la regla de sostenibilidad fiscal.

Gráfico 5

Monto devengado en salud 2019 y 2020 entre enero y junio (en millones de $)

 

La Regla Fiscal indica que los ingresos permanentes deben cubrir a los gastos permanentes (corrientes) como salud, educación y seguridad. A menos que haya situaciones excepcionales, conforme prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia. En este sentido, se le permite al gobierno endeudarse para cubrir dichos rubros.

Pero las cifras -hasta el primer semestre- no muestran una mayor inversión pese a la situación crítica del país y la necesidad de equipamientos en salud. Aunque se debe considerar que la crisis no solo implicó mejoras en inversión en salud, sino en otros rubros como educación, desarrollo social, bonos humanitarios, seguros de desempleo, kits sanitarios y alimentarios, entre otros.

No obstante, las cifras previamente revisadas dejan un mal sabor de boca al tener grandes brechas sociales, mayores demandas al sistema de salud y que el monto ejecutado haya sido menor. La renegociación de los bonos soberanos y la nueva ampliación de deuda con el FMI son logros que reducen la presión del fisco y la deuda, en el corto plazo, pero mucho depende de la calidad del gasto que se haga con dichos fondos. En este momento, el gasto social es prioritario. Queda pendiente el análisis con las cifras reportadas del segundo trimestre para revisar si el destino de los recursos cambió y se redireccionaron al gasto social y a la productividad.

 

 

 

 

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Last modified on 2020-12-20

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